La presentación fue realizada ayer en Palacio de Gobierno, en el Día Internacional contra la Corrupción y en una semana en que los obispos de la Iglesia Católica lanzaron críticas por la impunidad imperante. Asistió el presidente Mario Abdo Benítez; el titular de la Corte, Alberto Martínez Simón, y el presidente del Congreso, Óscar Salomón.
El Poder Ejecutivo firmó el decreto que da luz verde a la implementación de este plan que se centra en ejes principales que contemplan mejorar el acceso a la función pública, regulando los niveles de nepotismo y el control de las excepciones de los concursos públicos.
Un punto central del plan es el perfeccionamiento del sistema de compras públicas que estuvo en el ojo de la tormenta con las adquisiciones fallidas realizadas para el sistema de salud durante esta pandemia. Buscarán mejorar la gestión preventiva de los riesgos de corrupción. Proponen aumentar la capacidad de la Contraloría General de la República para analizar las declaraciones juradas.
MONITOREO. El ministro de la Secretaría Anticorrupción, René Fernández, recalcó durante la presentación que uno de los puntos centrales implica mejorar la capacidad de investigación y sanción de los actos de corrupción.
El plan contempla un trabajo de monitoreo de los casos emblemáticos y de corrupción pública. Uno de los principales cuestionamientos es la mora judicial. Se pretende reducir este nivel.
Este sistema de integridad tuvo la colaboración del Poder Judicial y el Ministerio Público, que llevan la investigación de sonados casos, algunos vinculados a políticos.
En cuanto al acceso a la información pública, indican que trabajarán en una ley de participación pública y en fortalecer las unidades de información a la ciudadanía.
Fernández comentó que hay propuestas legislativas en marcha como el sistema y manejo de prevención de conflictos de intereses de los funcionarios públicos. Habrá un plan estratégico de acción para evaluar el cumplimiento. La propuesta se complementa al paquete de 10 leyes antilavado que impulsa el cohecho de soborno privado y transnacional. Este plan contó con el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
