Sin embargo, la Senad cuenta con personal limitado para todo el país, por lo que esta decisión, lejos de arrojar claridad, generó suspicacias en el ámbito político.
Más aún teniendo en cuenta que la decisión unilateral de la Senad no fue revelada por el Gobierno y hasta el momento existe mucha confusión al respecto.
Pese a ello, existe una gran contradicción, habida cuenta de que el propio Gobierno firma acuerdos regionales para el combate al crimen organizado, pero sin embargo corta de manera unilateral una cooperación internacional para hacer frente a dicho flagelo.
Incluso el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, admitió que no tenía conocimiento sobre el plan de “reestructuración” encarado por el Gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Lo de optimizar recursos por parte de la Senad también resulta en algo relativo. Según el Presupuesto General de la Senad tiene destinado en este 2024 unos G. 73.542.562.384 y en el proyecto de presupuesto del año entrante es de G. 80.537.812.811.
Es decir, el aumento que tendrá la institución para el año que viene es solo del 9,51 %.
Acuerdo. Ayer, se dio a conocer que una alianza sin precedentes entre 18 países de Latinoamérica y el Caribe, incluyendo Paraguay, acordaron una alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para hacer frente al crimen organizado. Ecuador ejercerá la primera presidencia pro tempore.
La nueva Alianza para la Seguridad, Justicia y Desarrollo une a gobiernos, organizaciones multilaterales y sociedad civil para combatir el crimen organizado.
Además de Paraguay, la conforman Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Perú, Surinam y Uruguay.
Es promovida por el BID y operará sobre tres pilares: Proteger a las poblaciones vulnerables, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, y reducir los mercados y flujos financieros ilegales.
Al Congreso. Para comprender por qué la Senad cortó la cooperación con Estados Unidos que se daba a través de la Administración de Control de Drogas (DEA), la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos del Senado mantuvo una reunión con el viceministro antidrogas, Esteban Casselli, y el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez. Jalil Rachid no asistió.
Casselli se limitó a decir que, con la decisión, la Senad se vería fortalecida al reagrupar a sus integrantes que operaban en las Unidades de Investigación Sensitiva (SIU, por sus siglas en inglés). La decisión del Gobierno generó todo tipo de reacciones y hasta la Policía brasileña se encuentra preocupada por el impacto que puede producir en la frontera la decisión de cortar la cooperación con la DEA.
