La decisión fue anunciada en la noche de este viernes por el Ejecutivo del peronista Alberto Fernández, que asumió la Presidencia el pasado martes en medio de la grave recesión que arrastra el país desde 2018, y está sustentada en que el desempleo subió hasta el 10,6 % en el segundo trimestre de 2019, un punto arriba que un año atrás.
Además, se hace hincapié en que, en el caso de los jóvenes, las tasas de paro “superan el 18% en los varones y el 23% entre las mujeres”.
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), por decisión de Fernández se declara la “emergencia pública en materia ocupacional” durante 180 días ante la necesidad de detener el “agravamiento de la crisis laboral”.
Esto supone que, en ese tiempo, “en caso de despido sin justa causa”, los despedidos “tendrán derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente”.
“La norma estipula que la medida no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia”, añadieron las fuentes.
En el decreto se sostiene que la “dinámica” del empleo asalariado registrado privado en el último año mostró un marcado descenso que supone que 139.000 trabajadores han quedado fuera del mercado laboral entre setiembre de 2018 y de 2019.
En 2016, el entonces presidente Mauricio Macri (2015-2019) –a quien Fernández derrotó en las urnas en octubre pasado– vetó una ley impulsada por la oposición que prohibía los despidos sin causa, lo que según el actual Gobierno ha provocado hasta la fecha “la pérdida de 111.000 puestos de trabajo registrado”.
Ya en la noche del jueves se conoció que el Gobierno convocó sesiones extraordinarias del Congreso durante el receso vacacional de diciembre para tratar tres proyectos de ley, entre ellos uno para enfrentar la “emergencia económica” del país.
