El Poder Ejecutivo emitió el Decreto N° 6120 “Por el cual se establecen medidas adicionales de optimización, priorización y gestión eficiente del gasto público en el marco del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026”. Es con la finalidad de fortalecer la sostenibilidad financiera del Estado, priorizar el gasto esencial y reforzar la disciplina en la administración de los recursos públicos.
La normativa, impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se enmarca en los principios de eficiencia, responsabilidad y transparencia establecidos en la Ley de Administración Financiera del Estado y en la Ley de Responsabilidad Fiscal, considerando además el actual contexto económico y la necesidad de garantizar una gestión prudente de las finanzas públicas.
El decreto, firmado por el presidente Santiago Peña y el ministro de Economía, Óscar Lovera, establece criterios orientados a evitar la expansión de gastos no prioritarios y la generación de obligaciones sin respaldo financiero efectivo, promoviendo una cultura de austeridad, planificación y uso eficiente de los recursos del Estado.
Entre las principales disposiciones se destaca la priorización del gasto en salud, educación, seguridad y programas sociales, garantizando la continuidad de los servicios esenciales para la población; como también la utilización prioritaria de Recursos Institucionales (Fuente 30) antes de recurrir a Recursos del Tesoro (Fuente 10), buscando una gestión más sostenible y eficiente de las finanzas públicas.
PLANES. Asimismo, la normativa contempla la presentación de planes institucionales de regularización de obligaciones pendientes con proveedores y contratistas, a fin de ordenar y transparentar los compromisos financieros del Estado; y establece restricciones y medidas de racionalización sobre gastos operativos, adquisiciones de bienes no esenciales, equipamientos de oficina, catering y nuevas inversiones no prioritarias.
El decreto dispone, además, que determinadas migraciones de cuotas del Plan Financiero requieran autorización previa del MEF, reforzando así los mecanismos de control y seguimiento de la ejecución presupuestaria.
Estas medidas buscan resguardar el equilibrio de las finanzas públicas, asegurar la cobertura de obligaciones esenciales y fortalecer la credibilidad institucional, mediante una administración responsable y transparente de los recursos públicos.
