Alrededor de 236.000 propietarios y propietarias de microempresas tendrán acceso a la seguridad social administrada por el Instituto de Previsión Social (IPS), según lo anunció este miércoles el presidente de la República, Santiago Peña, acompañado de otras autoridades del Gobierno.
“Es un hito histórico que una ley que se promulgó en el 2016, se reglamentó de forma consensuada y no se firmó en el gobierno anterior, se firma hoy”, destacó Peña.
Desde ahora, los micro, pequeños y medianos empresarios tendrán la oportunidad de acceder a un régimen de jubilación y seguridad social a través de IPS; un sueño largamente anhelado para muchísima gente que aporta al desarrollo al país. Apostando al trabajo y a un futuro mejor… pic.twitter.com/eVQut6WtHK
— Santiago Peña (@SantiPenap) December 27, 2023
Con esta medida, las autoridades apuntan a generar las condiciones de competitividad de las mipymes en su proceso de formalización. Los microempresarios podrán acceder a la seguridad social aportando el equivalente al 23% del salario mínimo, según indicaron en conferencia de prensa realizada en Mburuvicha Róga.
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La reglamentación es resultado de más de dos años de trabajo coordinado entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Industria y Comercio, el IPS y el sector privado.
La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, señaló que la medida va en línea con la política de ampliar el seguro social, incluyendo en este caso a las microempresas, para contar con cobertura no solo de jubilación, sino de salud.
Los beneficiarios recibirán prestaciones por los riesgos, accidente y enfermedad común, accidente y enfermedad profesional, maternidad, invalidez, vejez y muerte, conforme a las disposiciones legales que rigen para los cotizantes del Seguro General Obligatorio del IPS.
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A partir del 1 de julio del 2028, todos los sujetos obligados de la ley deberán estar inscritos en el IPS, según la categorización del Ministerio de Industria y Comercio.
Son consideradas microempresas las unidades económicas formadas por hasta un máximo de 10 personas, en las que el propietario trabaja o integrantes de su familia y tengan una facturación anual de poco más de G. 646.000.000.
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De acuerdo con las estimaciones de Javier Giménez, ministro de Industria y Comercio, alrededor del 40% de las 230.000 pequeñas y medianas empresas tienen esta facturación y podrían acceder al beneficio. Esto afectaría a unas 80.000 personas, explicó.