Cristóbal Cáceres Frutos, uno de los abogados de la empresaria Dalia López, capturada luego de estar seis años prófuga, restó importancia a la denuncia de supuestos privilegios en la celda de la empresaria en uno de los calabozos del Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional.
Afirmó que la celda no fue reacondicionada, sino que se realizó una limpieza debido al estado de salud de su defendida.
“Lo que se hizo es limpieza, nada más que eso. Las condiciones de salud de la señora lo merecen por una cuestión de derechos humanos y de atención”, señaló en una improvisada rueda de prensa, a la salida de la sede policial, este jueves.
El abogado confirmó que realizó un pedido ante el Juzgado Penal de Garantías para que Dalia Angélica López Troche sea llevada a un sanatorio para someterse a un chequeo médico.
Sepa más: En 8 días de reclusión, Dalia transforma su celda con muebles y electrodomésticos
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— NPY Oficial (@npyoficial) April 9, 2026
📌 Para el abogado de Dalia López no hubo equipamiento de celda, sino una "limpieza"
🗣️ "Lo que se hizo fue una limpieza. Nada más que eso", dijo Cristóbal Cáceres, abogado de Dalia, negando la existencia de muebles y electrodomésticos pese a las evidencias… pic.twitter.com/LnsW42WcR2
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“Un médico recomendó con carácter de urgencia una internación para realizar estudios para mejorar sus condiciones de salud. Es una mujer mayor que durante seis años no se realizó las atenciones adecuadas”, agregó.
El juez de Garantías Raúl Florentín, el pasado 3 de abril, había dictado la prisión preventiva de la mujer, disponiendo que guarde reclusión por diez días en el Departamento de Judiciales Femenino de Asunción, y luego, “pasará a guardar reclusión en el COMPLE o en el establecimiento penitenciario más adecuado”.
Rubén Maciel, el viceministro de Política Criminal, había confirmado que el COMPLE “cuenta con un área de sanidad excelente, con área para cirugías menores incluso, equipos para un estilo de terapia intermedia”.
Solo en caso de que la Sanidad no pueda resolver una situación, se derivará el caso al sistema de Salud Pública, que deberá disponer el Juzgado o, en caso de urgencia, el director del establecimiento.