La denuncia contra el ex presidente de Bolivia Evo Morales, asilado en México, fue presentada en la Fiscalía de La Paz por el ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo.
El ministro dijo a los medios que el Gobierno provisional de Jeanine Áñez pide las máximas penas por estos delitos, de hasta 20 años de prisión en el caso de terrorismo y tres años en sedición.
“Las pruebas están claras”, defendió Murillo, en referencia a un video en que se escucha una voz atribuida a Morales, cuya autenticidad no ha sido demostrada por fuentes independientes.
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La voz incita a un dirigente cocalero en Bolivia a mantener bloqueadas las ciudades.
“Evo dice que maten a los bolivianos haciendo cerco a las ciudades”, exclamó el ministro, para denunciar que “esa es la verdadera cara, el verdadero rostro” de Morales.
La denuncia es también contra el que ex ministro de Presidencia Juan Ramón Quintana, en paradero desconocido.
El titular de Gobierno recordó que Quintana, un ex militar metido en política que representó el núcleo duro de varios gobiernos de Morales, amenazó con que Bolivia se convertiría en “un nuevo Vietnam”.
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Murillo aseguró que el 70% de Bolivia no presenta conflictos, pues se localizan especialmente en puntos como el Chapare, una zona cocalera donde se dio a conocer Evo Morales como sindicalista antes de llegar al poder, donde mantiene muchos seguidores.
Además de Senkata, un punto de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, donde afines a Morales protestan frente a una refinería.
El ministro afirmó que se intenta “agotar la vía del diálogo” con los manifestantes antes de emplear la fuerza para levantar bloqueos.
El Gobierno de Áñez no prevé “medidas excepcionales” para afrontar las protestas, porque “prácticamente todo está controlado”, aseveró.
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Por su parte, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dijo en una rueda de prensa que el Ministerio Público ya investiga la veracidad del video que se atribuye a Morales.
Para ello ha pedido a la Cancillería de Bolivia que contacte con la de México por si necesita su apoyo.
La investigación incluye pruebas periciales para determinar la veracidad de la voz, además de que se ha solicitado a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) de Bolivia que informe si el teléfono desde el que supuestamente habla Evo Morales desde México es del Estado boliviano.
Si fuera así, podría incurrir en un uso indebido de bienes del Estado, advirtió Lanchipa.
La Policía Boliviana localizó en la región oriental de Santa Cruz el celular en el que se descubrió el video con la conversación entre un dirigente cocalero y supuestamente Evo Morales, recordó el fiscal.
Crisis en Bolivia
Bolivia lleva sumida en un grave conflicto desde el día después de las elecciones del pasado 20 de octubre, cuando comenzaron las denuncias de fraude a favor de Evo Morales, que fue proclamado después vencedor para un cuarto mandato consecutivo.
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El pasado 10 de noviembre, la Organización de Estados Americanos advirtió en un informe graves irregularidades en los comicios y Morales anunció su renuncia, presionado por las Fuerzas Armadas, para al día siguiente salir asilado hacia México.
La renuncia de Morales es calificada de “golpe de Estado” por varios gobiernos y políticos latinoamericanos, mientras que otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Áñez y parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.
