Jeanine Áñez, que fue senadora opositora al Gobierno de Evo Morales, cumple este martes una semana como presidenta interina de Bolivia, y su Gobierno aún no logra darle pronta solución a la compleja situación de orden público ni fijar un rumbo sobre el futuro político del país.
Los permanentes bloqueos y disturbios en varias ciudades del país y los fuertes enfrentamientos entre seguidores de Evo Morales y la Policía y el Ejército han incendiado más la crisis, mientras organismos de derechos humanos locales y extranjeros urgen a ambas partes detener la violencia.
Mientras varias familias lloran por los 27 muertos de un conflicto, con el temor de que se convierta en una guerra civil.
EL PLAZO DE DOS DÍAS
El Gobierno interino que encabeza la presidenta Jeanine Áñez endureció el pulso con la Asamblea Legislativa, donde el Movimiento al Socialismo (MAS) es mayoría, que aún no ha debatido sobre una nueva ley electoral para llamar a nuevos comicios y le fijó como plazo dos días para que aborde el tema con urgencia.
El ministro interino de la Presidencia, Jerjes Justiniano, señaló que, luego de una semana desde que Áñez asumió la Presidencia provisional, “existe preocupación” porque no hay aún “una ley electoral modificatoria del Régimen Electoral y eso no depende del Ejecutivo, depende del Legislativo que no puede sesionar, que no puede funcionar”.
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“Cada día que pasa es un día menos del plazo que tenemos”, dijo sobre el límite constitucional de 90 días que está establecido para llamar a nuevos comicios y aseguró que el Gobierno interino no busca prorrogar su mandato más allá de lo estipulado por la ley boliviana.
En ese sentido, Justiniano explicó que si vence el plazo se llamará a elecciones mediante un decreto, “es una de las probabilidades, pero es la última que estamos manejando (...) queremos seguir esperando la decisión, que esto sea parte de la Asamblea Legislativa”.
Para este martes estaba prevista una sesión del Parlamento, pero fue aplazada para mañana miércoles. La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, dijo que el Legislativo tiene plena disposición para iniciar el proceso que lleve a nuevos comicios.
“No queremos más sangre”, aseveró, tras denunciar un decreto presidencial que exime a las fuerzas del orden de responsabilidad penal si actúan de forma proporcional y en legítima defensa, lo que ha sido rechazado desde varios sectores del país.
UN OPERATIVO VIOLENTO
Al menos tres personas muertas “por heridas de arma de fuego” y otras 30 heridas dejó un operativo conjunto del Ejército y la Policía, con el que se buscaba facilitar la salida de combustibles de una refinería, ubicada en El Alto, para abastecer a la vecina ciudad de La Paz.
Una caravana de vehículos blindados de las Fuerzas Armadas (FFAA) de Bolivia, con apoyo de un helicóptero, se dirigió a media mañana hora local a una refinería de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en esta ciudad del altiplano.
Las fuerzas emplearon material antidisturbios como gases lacrimógenos para dispersar a grupos partidarios de Evo Morales, que desde hace unos días bloquean las carreteras de acceso, en las que instalaron barricadas con la quema de neumáticos.
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La Defensoría del Pueblo de Bolivia señaló que “de acuerdo con información preliminar, las tres personas habrían fallecido producto del impacto de arma de fuego” y que “se desconocen las circunstancias” de cómo ocurrieron los hechos.
Tras sendas denuncias de exceso de fuerza por parte de policías y militares en el manejo de los disturbios y en especial al operativo en El Alto, el ministro interino de Defensa, Luis Fernando López, aseguró que “de las Fuerzas Armadas no salió un solo cartucho”, reiterando que del ejército “no salió un solo proyectil”.
La Defensoría del Pueblo reclamó la desmovilización de las FFAA “a fin de evitar más muertes”, al entender que la situación en el país “requeriría solo la intervención policial con fines disuasivos y de diálogo”.
FUERTES RACIONAMIENTOS
Ante los bloqueos y disturbios, La Paz y El Alto ya sufren con más dureza los fuertes racionamientos a la venta de combustibles.
La compra de combustible se restringe a un máximo semanal por vehículo de 100 bolivianos, alrededor de 15 dólares, para gasolina y de 300 bolivianos, unos 44 dólares, para diésel, informó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
La entidad estatal prohibió también la venta de combustible en bidones y otros envases, además de restringir a una garrafa por familia la comercialización de gas licuado de petróleo (GLP), un combustible que se usa habitualmente en Bolivia para cocinar.
Bolivia lleva más de un mes sumida en una crisis que se ha tornado violenta y ya deja al menos 27 personas muertas y más de 700 heridos, según datos oficiales.
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La compleja situación se derivó de las elecciones del 20 de octubre en las que ganó Evo Morales, entre denuncias de fraude que dieron inicio a protestas en favor y en contra del ex mandatario.
El 10 de noviembre Evo Morales anunció su renuncia tras casi catorce años en el poder, forzado por las Fuerzas Armadas, y al día siguiente salió hacia México, donde está asilado, hecho que profundizó las manifestaciones de los que lo apoyan.
Horas antes de su renuncia, la Organización de Estados Americanos (OEA) dio a conocer una auditoría en la que evidenció “graves irregularidades” en los comicios del 20 de octubre y pidió que se repitieran las elecciones.
La renuncia de Morales es calificada de “golpe de Estado” por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos.
Otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Áñez, mientras que parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.
