Una de las acciones impulsadas por el actual Gobierno es el desarrollo del abandonado complejo habitacional Defensores del Chaco en Mariano Roque Alonso.
El acceso a la casa propia para mitigar los acuciantes problemas sociales es una de las prioridades del gobierno del presidente Santiago Peña.
El ministro de Vivienda, Juan Carlos Baruja, destacó que la gestión actual apuesta a acelerar el ritmo de construccion de las viviendas sociales para familias de escasos recursos.
“Llegando al triple si lo comparamos con los gobiernos anteriores en los 100 primeros días. Fueron gestionadas 7.000 soluciones habitacionales”, significó.
plan estrella. Baruja señaló que la apuesta fuerte del gobierno es el ambicioso programa Che Róga Porã. Consiste en un crédito para la primera casa, con una tasa de 6,5 por ciento anual, y a 30 años que le permitirá pagar, a gran parte de la clase trabajadora, una cuota similar a la de un alquiler por una vivienda propia.
Informaron que actualmente Che Roga Pora está en su fase uno que contempla la inscripción de desarrolladores inmobiliarios, fiscalizadores y tasadores para ser catastrados.
equipo. El tercer reto para el Ministerio de Vivienda es el desarrollo del abandonado complejo habitacional Defensores del Chaco ubicado frente a la expo en Mariano Roque Alonso. En este caso, Baruja anunció la formación de un equipo de trabajo que incluirá a otras instituciones como el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) para abordar este proyecto de manera integral y trabajando juntos para acercar el precio de las unidades a construir, a un valor que permita pagar cuotas accesibles.
Hubo reunión con las autoridades de la Agencia Financiera de Desarrollo y representantes de las entidades bancarias que están trabajando en el programa.
procuraduría. En otra línea de acción, las autoridades de esta cartera de Estado, hubo una reunión entre el ministro Baruja con el procurador General de la República, Marco Aurelio González.
Durante la reunión que se desarrolló en la Procuraduría General de la República, se socializó la recuperación de un anticipo de fondo de dinero no ejecutado por parte de una empresa constructora.
En setiembre del año pasado, el Ministerio había anunciado la denuncia penal, presentada ante el Ministerio Público, por presunta adulteración de documento proveído para registro como Servicio de Asistencia Técnica (SAT) en la Institución.
Detectaron un presunto hecho punible de falsificación de documentos públicos que habría llevado adelante un postulante.
