Uno de los principales compromisos que tiene el Estado con la ciudadanía es la construcción de institucionalidades sólidas en temas de gran interés y sensibilidad social. En ese marco, hace más de una década, se viene discutiendo dentro y fuera del ámbito gubernamental la necesidad de una reforma de la seguridad social, que encierra un entramado de problemas y soluciones que se deben abordar de manera integral e incremental para lograr una sostenibilidad a mediano y largo plazo y enfrentar así los compromisos intergeneracionales de pago de las jubilaciones y pensiones. Esta tarea debe ser abordada con una hoja de ruta clara y es por ello por lo que, el diseño y la puesta en marcha de una entidad que supervise a todas las Cajas que administran este compromiso no puede demorarse en su aplicabilidad.
Durante toda la semana anterior hemos escuchado debates, dudas y posiciones encontradas a favor y en contra de la reciente promulgada Ley de Superintendencia, sin embargo, aún existen incertidumbres sobre los objetivos que encierra una supervisión y las implicancias que esto podría tener sobre la construcción de esta institucionalidad del cual hablamos y consideramos que es el cimiento fundamental que debería apuntalar el sistema de pensiones: el control y la transparencia.
Las tres columnas vertebrales de la reciente ley promulgada se asientan sobre el marco general de gobernanza, el control y supervisión y, la necesidad de establecer criterios serios sobre los instrumentos financieros autorizados, su diversificación, límites y los perfiles de riesgo asociados a las inversiones. En esta oportunidad, me referiré específicamente a explicar el primer concepto, para tratar de dilucidar las dudas en torno a quien realmente tiene el mandato de la administración de los fondos y como se asocia el concepto de Gobernanza a las pautas o principios para la buena administración y derrumbar definitivamente la idea de que el superintendente administrará los fondos jubilatorios, tratando de aclarar cómo los lineamiento de gobernanza contribuyen en la construcción de la institucionalidad.
Alcance. El término o la palabra Gobernanza ha sido interpretada de diferentes formas, quizá por la falta de una correcta explicación sobre su alcance o tal vez, por querer generar distorsiones sobre el verdadero significado que tiene en materia de regulación de administradores de ahorro previsional. De acuerdo con las guías de buenas prácticas que son incorporadas a nivel mundial por más de 80 países en el mundo, elaboradas por la Asociación Internacional de Seguridad Social -AISS, la buena gobernanza tiene por objeto que las Entidades de Jubilaciones y Pensiones -EJP, cumplan efectivamente con el suministro de las prestaciones previsionales estipuladas por mandato y su adaptación a la evolución de las necesidades de las personas y de la sociedad.
Que exista una buena Gobernanza supone que el ejercicio de la autoridad conferida por ley a los Consejos de Administración debe regirse por los menos, por los principios de responsabilidad, previsibilidad, participación y dinamismo de las actuaciones, por lo tanto, el deber ser de las EJP requiere de una supervisión para cumplir con su finalidad. En otras palabras, la Gobernanza se rige por principios que deben ser exigibles a las EJP, pero, además, requieren de mecanismos de control para que se cumplan correctamente.
Principios. Los principios de gobernanza, aplicados a estas obligaciones de las EJP, no hacen más que reforzar la autoridad de los Consejos de Administración para que ellos apliquen dentro de su gestión las buenas prácticas para llevar adelante sus compromisos de administrar correctamente los fondos.
Una de las primeras responsabilidades de la EJP es la gestión de la sostenibilidad financiera de su fondo. Esto implica principalmente mantener los niveles de financiamiento para pagar las prestaciones y los compromisos asumidos y dar una garantía de rentabilidad para mantener un programa de seguridad social solvente y previsible. Esto implica que los principios de gobernanza sobre las cuales deben ejercer su responsabilidad tienen que asegurar el equilibrio del flujo de ingresos, mantener una adecuada rentabilidad de las inversiones y controlar el flujo de egreso que es uno de los restos administrativos más importantes en este ámbito.
Inversiones. El segundo punto de buena gobernanza es en relación con la solidez de las inversiones. Las EJP, a través de sus Consejos de Administración deben velar porque los fondos se inviertan bajo reglas prudenciales y básicas de rentabilidad, seguridad, liquidez y diversificación. Para la AISS, algunas de las pautas de gobernanza en este lineamiento son la definición de las políticas y estrategias de inversión, la gestión de carteras y del equilibrio entre activos y pasivos, la aplicación del principio de y las políticas de inversión de utilidad socioeconómica.
Por último, la finalidad última de toda esta gestión de las responsabilidades de las EJP es administrar los derechos y obligaciones de los trabajadores, jubilados y pensionados. En ese sentido, las estrategias de gobernanza deben también apuntar a mejorar la cobertura, es decir establecer políticas para que más personas puedan adherirse a sus pagos de cotizaciones y ahorrar para la vejez; gestionar correctamente los recursos de la recaudación para acrecentamiento del fondo de pensiones; velar por que las prestaciones sean otorgadas de manera suficiente, en tiempo y forma y; que la calidad de los servicios y la atención ciudadana sea siempre de manera transparente, oportuna, eficaz y eficiente.
Principios. Es por todo esto, que el término de Gobernanza no puede ser interpretado como la administración de los fondos por el Superintendente, sino que realmente son pautas, basadas sobre principios internacionalmente aceptados y aplicados que todas entidad que administran recursos de largo plazo puedan al término de la vida laboral de un trabajador, cumplir con el compromiso de pago de la prestación hasta su muerte y que esta gestión sea sostenible en el tiempo, de manera segura, permitiendo sobre todo fortalecer la institucionalidad y la sostenibilidad de los fondos previsionales y al mismo tiempo, dar más transparencia para evitar en el futuro errores graves que generen pérdidas significativas o catastróficas de la plata de todos los ciudadanos aportantes y por qué no decirlos, incluso los que no lo son.