Al grito de “queremos justicia”, funcionarios del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) se ubicaron frente al edificio público, con carteles en mano, para expresar su indignación y repudio ante la decisión del tribunal de apelaciones en el caso de agresión a una fiscalizadora mientras realizaba su trabajo.
En la víspera, los camaristas Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Marta Acosta anularon la orden de detención del abogado Walter Acosta por coacción y otros hechos.
La trabajadora Patricia Pastore explicó a NPY que la resolución del tribunal es “injusta y dolorosa”.
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“Para nosotros es indignante. Ayer cuando nos enteramos, nos sentimos muy mal. Nuestra compañera está todavía en shock. También devela que nosotros estamos totalmente expuestos, sin garantías para realizar nuestro trabajo”, expresó.
Recordó, además, las campañas contra la violencia contra la mujer y las garantías para proteger a las víctimas.
“¿Dónde están esas medidas? ¿Dónde está esa justicia para mujeres maltratadas? Es una cosa aberrante lo que ha sucedido. Exigimos, como funcionarios, que se haga cumplir la justicia”, reclamó.
Para los funcionarios, el beneficio otorgado al abogado agresor deja como mensaje la impunidad latente, la inexistencia de garantías para trabajadores y el respaldo a la violencia contra la mujer.
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Según Pastore, se están analizando las medidas a tomar contra los jueces que revocaron la rebeldía de Acosta.
La agresión contra varios funcionarios se registró el pasado martes 18 de marzo, cuando realizaban la verificación en una estación de servicio del emblema 3 Fronteras, ubicada en la ciudad de Tavapy, Departamento de Alto Paraná.
Walter Acosta llegó como representante legal de la empresa, maltrató a varios funcionarios y luego abofeteó a la ingeniera Lourdes Sosa.
El hecho fue viralizado en las redes sociales causando indignación de la sociedad.
