Anadelia Acosta, funcionaria del Congreso, pidió 30 días de permiso sin goce de sueldo a la Cámara de Diputados, pero su solicitud fue rechazada, explicó el titular de Diputados, Raúl Latorre.
“Di la indicación de que no se otorgue ese permiso. Vamos a continuar con la investigación preliminar, vamos a seguir esperando que esta funcionaria se presente y se ponga disposición de Recursos Humanos”, expresó.
Acosta Armoa formaría parte de un esquema que habría desviado indemnizaciones que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) destinó a las familias de dos de sus trabajadores de Caaguazú que fallecieron electrocutados.
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“Anunciamos desde un principio que la investigación iba a ser severa. Lo que aconteció es verdaderamente repugnante”, prosiguió.
Igualmente, explicó que la funcionaria tiene un plazo de tres días para comparecer ante su institución y si eso no sucede, la jurisprudencia plantea una intimación.
“La indignación ante lo acontecido es grande, el hecho es muy grave y no solo por la cantidad de dinero que se robó, sino porque se lo hizo a personas muy humildes y en un momento de mucho dolor”, reprochó e indicó que “pocos actos pueden ser considerados despreciables como este”.
Finalizó asegurando cumplirán con todos los procesos legales y advirtió que las medidas van a ser severas.
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La Fiscalía imputó a Acosta Armoa, Darío Flores, Ovidio Ramón Oviedo y Juan Ramón Acosta por apropiación, estafa y lesión de confianza. Ovidio Ramón Oviedo es la pareja de la funcionaria y Juan Ramón Acosta, su padre.
La cantidad total del dinero otorgado por la ANDE a los afectados, en concepto de indemnización, fue de G. 800 millones.
De ese total, solo recibieron en conjunto la suma de G. 75 millones.
Finalmente, la funcionaria del Congreso y su pareja devolvieron G. 600 millones en efectivo a las dos familias víctimas. Cada familia afectada recibió la suma de G.300 millones.
