Durante tres años, Marta Elizabeth Maidana de Martínez figuró para la Justicia paraguaya como invasora de una propiedad privada y estuvo prófuga en ese periodo, requerida con orden de captura por rebeldía por un error de la agente fiscal de Villarrica, Noelia Soto.
Marta Maidana, una profesional, química industrial, docente jubilada y autora de varios libros, estaba imputada, con orden de detención, declarada rebelde, y a punto de ser llevada a juicio oral y público. Todo sin saberlo. “Fue una pesadilla”, recordó Marta.
Hasta que recién el 18 de junio de 2025, al acudir a renovar la cédula de identidad en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, fue detenida de manera humillante, con esposas y llevada en patrullera hasta la Comisaría 1ª Central. Recién ahí se enteró de que estaba involucrada en una causa penal. Nadie la notificó antes. Nadie la buscó. Nadie le dio la oportunidad de defenderse.
El 7 de julio de 2025 se celebró la audiencia preliminar. La causa por invasión de inmueble había llegado a la etapa de acusación. El fiscal Rodrigo Vázquez se ratificó en su requerimiento de sobreseimiento definitivo. El abogado defensor, Carlos Figueredo, se allanó a lo solicitado por el Ministerio Público. El juez Derlis Duarte decretó el sobreseimiento definitivo.
Marta fue liberada de una carga que nunca debió existir. Pero el daño ya estaba hecho: Tres años de estigmatización silenciosa, de una acusación que avanzó sin su conocimiento, sin su voz, sin justicia. ¿Quién responde por el tiempo perdido? ¿Quién repara el silencio institucional? ¿Cuántas Martas más hay en los registros, esperando enterarse de lo peor que son víctimas de un error de la Justicia?
