26 may. 2025

Fortalecer el sistema educativo y mejorar la infraestructura

Más de 1.500.000 estudiantes de todo el país iniciaron el presente año escolar con ilusión y promesas. A punto de concluir el primer semestre se acumulan, sin embargo, quejas y demandas por la deficiente infraestructura en escuelas y colegios, así como también hubo reclamos en cuanto a la provisión de los kits escolares y los alimentos del programa Hambre Cero. Mejorar la gestión de las autoridades y los funcionarios para dar mejor educación pública a los niños y niñas sigue siendo un gran desafío para el Gobierno.

El año escolar se iniciaba este año con grandes promesas. El presidente afirmaba que el programa Hambre Cero transformaría para siempre la vida de los niños y jóvenes, y de las generaciones futuras. También había anunciado la construcción de grandes centros educativos de referencia en todo el país y obras de mejoramiento de infraestructura escolar.

Las esperanzas de los más de 1.500.000 estudiantes de todo el país, en el final de este primer semestre del año, comenzaron a esfumarse. La implementación de Hambre Cero en las escuelas no fue tan exitosa como se esperaba, lo mismo que el programa de provisión de los kits escolares. Quejas y los reclamos han estado presentes en los pasados meses en los medios y en las redes sociales. Tampoco en otras áreas hubo mejoras. La de infraestructura es una de ellas.

La semana pasada, las clases presenciales en el Colegio Nacional de la Capital debieron ser suspendidas al detectarse grietas y fisuras estructurales significativas en tres pabellones de este antiguo centro educativo. La Escuela N° 8175 San Francisco de Zeballos, inaugurada hace apenas siete años, presenta desmoronamiento en una parte del techo y también el cielorraso se va deteriorando luego de cada lluvia. Más allá de la capital, la Escuela República del Paraguay, en Yaguareté Forest, Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro, denunciaba en marzo que un bloque de cinco aulas de madera amenazan con desplomarse, y ante el avance del kupi’i (termitas) y ante el riesgo de derrumbe, los niños daban clases bajo los árboles

El aspecto material y de infraestructura no es el único que debe mejorar en la educación paraguaya, considerando que la mayoría de los niños y adolescentes estudian en escuelas públicas. Datos de 2024 indican que el 78,4% asistió a instituciones públicas, el 11,4% a colegios subvencionados y un 10,2% instituciones privadas. Estos números refuerzan la necesidad de fortalecer la escuela pública con mayor y mejor inversión, para garantizar educación de calidad para todas, pues, lamentablemente, pese a los esfuerzos, miles de niños y niñas siguen fuera del sistema educativo.

Datos del Censo Nacional 2022 revelan que en 187.700 hogares paraguayos (10,6%) hay al menos una niña, niño o adolescente de 6 a 14 años que no asiste a la escuela, o bien, algún integrante mayor de 15 años que no logró completar el segundo grado de la educación básica. Paraguay cuenta con solo cuatro Centros de Servicios de Educación Inclusiva en áreas rurales, mientras que en zonas urbanas hay 112 centros disponibles. Estos espacios ofrecen soporte para el aprendizaje y atención especializada para personas con discapacidad.

Otros datos oficiales señalan que casi la mitad de los estudiantes no logran egresar de la educación media en el tiempo esperado; de cada 100 estudiantes que iniciaron el primer grado en 2012, solo 54 lograron culminar el tercer año de la Educación Media en 2023, y los departamentos de Boquerón, Presidente Hayes y Alto Paraguay registran las tasas de egreso más bajas.

Finalmente, se debe mencionar nuevamente el gran desafío de mejorar el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, considerando los resultados del informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes para el 2022 o Informe PISA 2022, que muestran que 9 de cada 10 estudiantes no alcanza el puntaje mínimo en matemáticas; y en el ámbito lectura, 7 de cada 10 estudiantes no alcanzan a comprender lo que leen. Estos resultados no variaron desde el 2017.

Urge mejorar los resultados y ofrecer entornos seguros para los estudiantes, pues la educación es la principal herramienta para reducir la desigualdad y llevar al país a niveles óptimos de desarrollo.

Más contenido de esta sección
Por las numerosas víctimas de la mafia de los pagarés, es necesario que el Ministerio Público llegue al fondo de este esquema corrupto. Que todos los involucrados desde el más bajo nivel al más alto rango, tanto en los sectores públicos como privados, paguen sus culpas y que se haga justicia por tantos afectados. La investigación en curso está dando buenas señales con allanamientos, incautaciones de expedientes originales y suspensión de jueces implicados. Que al final se esclarezca y que se sancione con la máxima pena a los responsables.
La Comuna de Asunción y la Policía Nacional realizan operativos de despeje de lugares tomados por cuidacoches en las calles. Numerosas denuncias se han presentado por extorsión. En este contexto, sin embargo, se debe buscar una solución de fondo al problema. Esto conlleva dar una respuesta con proximidad, en un trabajo que debe ser interinstitucional, entre el gobierno local y otras entidades del Estado, para que el tratamiento sea integral. No será una tarea fácil. Ya se intentó anteriormente, pero vale la pena intentarlo de nuevo.
Las diligencias del Ministerio Público hasta ahora son insuficientes para un caso tan impactante en el que sobresalen los chats con un alto grado de corrupción pública que demanda una reacción contundente. Hasta ahora se realizaron pocas acciones, no hubo allanamientos y tampoco existe imputación en medio de hechos que llaman la atención por la impunidad con que se manejaban sus protagonistas. Esperemos que la Fiscalía sorprenda en breve con alguna decisión sobre este entramado en el que resalta el sometimiento de la Justicia.
Inaceptable es la realidad de las penitenciarías en nuestro país. Las duras imágenes del hacinamiento en el que sobreviven los reclusos en la Penitenciaría Regional de Concepción desconciertan y conmueven. Sin alimentos, durmiendo apilados en el piso de los pabellones, sin acceso a sus abogados defensores y en su mayoría lejos de los Juzgados que llevan sus causas, los reclusos son tratados en los centros penitenciarios como despojos humanos. Las autoridades deben resolver los problemas estructurales del sistema penitenciario y judicial.
Llega el mes de febrero y toman relevancia las implicancias del regreso a clases en la prensa, en las redes y en los hogares. En un país con altos niveles de desigualdad y pobreza, este tema no es menor. La educación es uno de los determinantes más importantes de la movilidad social, pero si la política pública no la toma en serio, se convierte en un factor que profundiza las desigualdades y empobrece a los hogares. Dados los indicadores educativos de cobertura, calidad y años promedio de estudio, el país está haciendo muy poco; por lo tanto, no solo debemos poner el tema en el centro este mes del año, sino todo el año y debatir qué política queremos y cuál es el esfuerzo fiscal que estamos dispuestos a dar.
El narcotráfico y el crimen organizado tienen fuertes efectos macroeconómicos y microeconómicos que difícilmente puedan ser contrarrestados por delegaciones nacionales haciendo publicidad en el exterior, la participación en ferias internacionales o la buena nota de las agencias calificadoras. La situación empeora si prevalece la impunidad porque el Poder Judicial es incapaz de ejercer su rol debido al tráfico de influencia que ejercen los criminales sobre los agentes judiciales. Este es un tema que compete no solo a los tres poderes del Estado, sino también a la sociedad que debe levantar enérgicamente su voz en contra de la progresiva descomposición de la institucionalidad pública.