El médico forense Pablo Lemir declaró ayer ante un Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia de Coronel Oviedo sobre la autopsia realizada al cuerpo de María Fernanda Benítez durante la sexta jornada del juicio oral reservado contra el principal sospechoso del crimen.
Como integrante del equipo forense del Ministerio Público que examinó el cuerpo de la joven, el especialista aportó detalles técnicos fundamentales para esclarecer la causa de muerte y la mecánica del asesinato.
Esta diligencia es clave para sostener la acusación del Ministerio Público, ya que el testimonio científico busca reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar el grado de responsabilidad del único imputado cómo autor en esta causa penal.
En su declaración, el médico forense reveló que María Fernanda Benítez estaba embarazada de 14 a 16 semanas al momento de su muerte, encontrándose, además, marcas de pinzas ginecológicas que evidencian un intento de aborto.
Además, se ratificó que la joven sufrió una muerte violenta provocada por un traumatismo craneoencefálico. “La causa que sí tenemos evidenciada es el traumatismo craneoencefálico”, sostuvo Lemir durante su declaración.
El golpe mortal fue ocasionado por un elemento contundente, sólido y sin filo, el cual desencadenó una hemorragia cerebral generalizada, detalló el forense.
Sin embargo, el especialista dejó en claro que debido al avanzado estado de calcinación del cuerpo, no se pudo certificar con tecnología local si la joven falleció inmediatamente por el golpe o si llegó a inhalar humo, aunque la herida en el cráneo fue la lesión principal constatada.
También puntualizó que el desprendimiento de una de sus extremidades ocurrió por la acción directa de las llamas y no por un corte previo.
Según el informe forense, los peritos calcularon que el deceso de María Fernanda se produjo entre tres y cinco días antes del hallazgo del cadáver en el terreno baldío.
Acusación. De acuerdo con la hipótesis fiscal sostenida por los agentes Fermín Segovia y Noelia Montanía, el acusado B. S. M. (quien era menor al momento del hecho) se habría molestado tras enterarse del estado de gestación de la adolescente, lo que desencadenó el ataque a su vivienda. Previamente, el menor había suministrado un medicamento abortivo a la adolescente.
Debido a que el procesado cometió el crimen bajo el régimen penal adolescente, la pena máxima imponible es de 8 años de prisión, una limitación legal que la querella adhesiva busca complementar analizando medidas de seguridad complementarias.
Por su parte, el abogado Dionisio Piñánez, representante de la querella adhesiva, ratificó que la posición de la querella es solicitar la pena máxima para el principal sospechoso.
Además, el profesional de Derecho explicó que actualmente están analizando la posibilidad jurídica de solicitar medidas de seguridad para el acusado, teniendo en cuenta que ya alcanzó la mayoría de edad.
Etapa del juzgamiento. Con las declaraciones del médico forense Pablo Lemir concluye la etapa de testigos en el juzgamiento, abriendo paso a la inclusión de pruebas documentales antes de los alegatos finales.
Cabe destacar que este juicio corre de forma paralela al proceso de los cinco adultos vinculados al caso (entre ellos los padres del acusado y una amiga), quienes fueron condenados recientemente con penas de hasta 10 años de cárcel por complicidad, instigación y encubrimiento.
Condena de cómplices
El Tribunal de Sentencia de Caaguazú, integrado por los jueces Luis Ovelar, Víctor Vera y Andrea Riquelme, condenó a los cinco acusados como cómplices en el caso. Se trata de Mikhaella Chiara Yasy Rolón Melgarejo, quien recibió la pena mayor de 10 años de cárcel por instigar al joven a cometer el feminicidio. Ricardo Andrés León Villamayor fue condenado a 3 años de cárcel por haber ocultado la moto del adolescente el día del crimen y el farmacéutico Franco Antonio Acosta Céspedes recibió la sentencia de 5 años de cárcel por vender medicamentos abortivos al presunto feminicida. Mientras que los padres del principal acusado, Karen Marilina Villar y Armando Silva Giménez fueron condenados a 4 años y 6 meses de cárcel, por los cargos de simulación de hecho punible y exposición al peligro en el tránsito terrestre.
