El Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), en su revista bimestral, publicó el análisis del economista Rodrigo Ibarrola donde se explica, con base en informes del Instituto de Previsión Social (IPS), que el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones (FCJP) tiene una solvencia mínima de 22 años, pese al uso de rentas de inversión por el descalce de caja que se da en la quincena de cada mes.
Dicha explicación se da teniendo en cuenta que, a inicios de julio de 2025, declaraciones de autoridades de la institución afirmaron que la “crisis llegó 18 años adelantada”, atribuyéndola, entre otras cosas, al aumento del haber mínimo y al pago del beneficio adicional anual (BAA). Sumado a esto, trascendió la decisión de usar las rentas de inversión para calzar el desajuste de caja.
Estos datos, según expresa Ibarrola, tomaron por sorpresa, ya que en mayo de 2025, el Instituto de Previsión Social (IPS) presentó los resultados preliminares de la Valuación Actuarial 2024-2100 del FCJP, donde se resaltaba que, bajo los parámetros vigentes y con una rentabilidad equivalente a 2 puntos porcentuales por encima de la inflación, el Fondo es solvente y financieramente sostenible, al menos por 22 años, sin requerir ajustes paramétricos inmediatos.
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De la misma forma, en los informes enviados al Congreso Nacional se explica la situación del fondo en el que, según Ibarrola, se distinguen tres momentos: Déficit corriente (se usan rentas); uso del capital de la reserva, y agotamiento total.
“El IPS se ubica en el primer momento desde 2020; por tanto, no hay consumo de capital de la reserva. Según se expresa, el calendario de pagos exige que los fondos estén en los bancos pagadores el día 17 de cada mes, mientras que la mayor parte de los aportes ingresa después del día 15. Por ello, se fondea provisoriamente con rentas y se compensa en la segunda quincena; aun así, queda un saldo promedio sin cubrir del orden de G. 9.936 millones, que es un bache operativo, no actuarial”, sostiene el economista.
De acuerdo con la explicación del IPS, para paliar esta situación, el Consejo de Administración autorizó –vía resoluciones– el uso del Rubro 160 (Rentas de la Propiedad) para atender los rubros 821/829 (haberes y transferencias a jubilados), en línea con la Carta Orgánica, lo que no implica disponer del capital de la reserva, aclara el economista. Siguiendo con el relato, al día 15 de cada mes, el Fondo registra ingresos promedio por G. 183.584 millones, frente a una exigencia de pago cercana a G. 421.899 millones el día 17; esa brecha explica el uso transitorio de rentas.
El economista considera que, desde el punto de vista jurídico, es correcta la decisión de usar rentas en lugar de fondos corrientes. “El uso del Rubro 160-Rentas de la Propiedad para pagar jubilaciones (Objetos 821 y 829) se encuentra previsto en los estatutos y está autorizado por el Consejo, en línea con el presupuesto vigente. ¿Es prudente? Depende. En un escenario ideal, una decisión como tal debería ir acompañada de una política de liquidez que garantice prefondeo para el día 17 y no reduzca la disponibilidad a niveles que obliguen a liquidar activos a pérdida”, argumentó.
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Dijo que, tras previsiones e inversiones, la disponibilidad quedó en G. 59.361 millones. Esto exige planificación fina de montos y plazos.
“Además, la alternativa de ‘usar fondos corrientes’ podría exigir interrumpir inversiones con mejor rendimiento, lo que puede resultar menos eficiente. La decisión dependerá de cuál opción tenga más peso. A la luz de los hechos, es probable que la decisión de usar renta y mantener inversiones fuese la opción más conveniente, y explique por qué se prefiere cubrir el descalce con rentas conservando el capital invertido y reinvirtiendo el excedente”, concluyó.
