A pesar de que el Gobierno se jacta de llevar adelante un plan de austeridad y asegura que el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 también se enmarca en las medidas adicionales de “optimización, priorización y gestión eficiente del gasto público”, el debate legislativo avanza en sentido contrario, con varios pedidos de incrementos.
El vicepresidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, el senador Silvio Beto Ovelar, sostuvo que ya se recibieron varios pedidos, pero aún no los dieron a conocer.
Hasta el momento, solo fueron confirmadas solicitudes de tres entes, pero ellas ya superan los USD 220 millones, por encima de lo planteado por el Ejecutivo.
De ese total, USD 81 millones corresponden al Ministerio Público; USD 61,5 millones, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y USD 80 millones a todas las universidades nacionales, con un 75% para la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
Si bien se trata de entidades que no pertenecen a la Administración Central, en caso de que sean aprobados sus aumentos, terminarían impactando negativamente en el plan de gastos en general, que ya se encuentra presionado por un déficit de 3,9% del producto interno bruto (PIB), muy por encima del 1,5% que establece como límite la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Entre los aspectos cuestionables también se destaca que la mayoría de los incrementos serían destinados a salarios.
En cuanto a la Fiscalía, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, solicitó ante la Comisión Bicameral de Presupuesto poder contar el próximo año con G. 1,2 billones (USD 199,2 millones), lo que representa un incremento de G. 523.689,9 millones (USD 81 millones), al comparar con los G. 763.074,3 millones aprobados para el 2026.
Sin embargo, la mayor parte de los recursos apunta finalmente a cubrir las remuneraciones, que representarían hasta el 82,4% del total. Este porcentaje equivale a G. 1,0 billón (USD 164,2 millones), con un crecimiento de 55% o G. 378.905,4 millones (USD 58,6 millones) más.
Rolón detalló que estos aumentos serían para crear 1.905 cargos, equiparar la asignación de cargos de alta gerencia con lo percibido por los fiscales y adjuntos, así como otorgar un ajuste general para todos los funcionarios de la institución, tal como se había realizado en el año 2019.
CORTE. Respecto a la CSJ, el ministro Alberto Martínez Simón solicitó alcanzar G. 2,4 billones de presupuesto, equivalentes a USD 378,5 millones. Al comparar con lo vigente en 2026, el crecimiento neto sería de G. 397.642,5 millones (USD 61,5 millones) o 19,4% más, mientras que al comparar con lo que fue planteado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el incremento sería de G. 370.698,7 millones (USD 57,4 millones).
Igualmente, el aumento iría destinado mayormente al rubro de servicios personales, con un incremento de hasta G. 293.000 millones (USD 45 millones), para la creación de 941 cargos, actualizaciones salariales para 250 puestos, nivelaciones para 3.654 cargos y reajustes de 5%, 10% y 20% para 8.043 cargos.
En el caso de las universidades públicas, el adicional de USD 80 millones solicitado por encima de lo planteado por el MEF prevé utilizarse principalmente para nivelaciones salariales y, en menor medida, para el crecimiento vegetativo y algunas construcciones.
De acuerdo con el proyecto del Ejecutivo, las universidades públicas juntas pasarían de tener G. 2,51 billones a G. 2,53 billones, significando una escasa diferencia de G. 18.891 millones o USD 2,9 millones en un año.
“Austeridad”. En mayo pasado, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 6120 “Por el cual se establecen medidas adicionales de optimización, priorización y gestión eficiente del gasto público”, con la finalidad de fortalecer la sostenibilidad financiera del Estado, evitando la expansión de gastos no prioritarios y la generación de obligaciones sin respaldo financiero efectivo, promoviendo una cultura de “austeridad”, planificación y uso eficiente de los recursos.
Si bien se enmarcaba únicamente en el PGN 2026, durante la elaboración del plan de gastos para el próximo ejercicio fiscal, desde el MEF aseguraron que también se estaban rigiendo por las mismas medidas.
El propio resumen ejecutivo del PGN 2027 afirma que entre las disposiciones para su elaboración están las “restricciones y reducción de gastos no prioritarios”, en medio de un contexto fiscal particularmente exigente, marcado por la necesidad de atender obligaciones acumuladas, preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas y garantizar la continuidad de los servicios esenciales y de las principales políticas públicas.
