Desde la Federación Nacional Campesina señalaron que el posicionamiento se da porque el proyecto fue acordado entre cuatro paredes, tiene objetivos dudosos y busca realizarse a espaldas del pueblo sin la participación debida de la sociedad.
“La Federación Nacional Campesina rechaza rotundamente el tratamiento del proyecto de ley que crea una nueva institución para ‘sanear y regularizar’ la tenencia de la propiedad y la tierra en Paraguay”, remarcaron.
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En ese sentido, indicaron que el proyecto que crea el Sistema Nacional Catastro Registral (Sinacare) y la Dirección Nacional de Catastro y Registros Públicos (Dinacare) fue presentado por los senadores Fidel Zavala, Enrique Riera, Óscar Salomón, Arnaldo Franco, Abel González y Hermelinda Alvarenga en el mes de julio pasado.
Expusieron que la decisión fue tomada en la cumbre de los tres poderes del Estado sin ningún debate público y fue anunciada posteriormente por el senador Enrique Riera, quien fue vocero de la reunión.
El posicionamiento señala que la concentración de la tierra en Paraguay es innegable y que se realizó históricamente bajo mecanismos ilegales de despojos y violencia sobre la población vulnerable de campesinos e indígenas, y bajo procesos amañados, corrupción de funcionarios públicos, falsificaciones registrales, blanqueos notariales y judiciales.
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“Y paradójicamente se ha llevado a cabo mediante la política de reforma agraria llevada adelante por las instituciones creadas al efecto (IRA, IBR, Indert) que han favorecido con la distribución ilegal de grandes cantidades de tierra a personas nacionales y extranjeras no sujetas de la reforma agraria, especialmente durante el periodo de la dictadura stronista, con las llamadas tierras malhabidas”, indicaron.
Entre otras cosas, expresaron que se pretende llevar adelante un rápido tratamiento de una ley que plantea una problemática económica, social, política e histórica, que ha provocado conflictos, violencia y derramamiento de sangre en el país, en un momento de restricciones públicas y dificultades sanitarias para el debate y la participación de la población.
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Asimismo, aseveraron que obviar la participación del sector social, principalmente del campesino y de los pueblos indígenas, que serán afectados directamente si se llegara a aprobar el proyecto, además de abordar en una cumbre de poderes un tema que solo interesa a los que poseen algo que regularizar y registrar, puede ser considerado como un atentado a la democracia y al estado de derecho.
Por todo lo expuesto, la organización solicitó posponer el tratamiento del proyecto para posibilitar la debida y necesaria participación social que corresponde a un tema central de importancia para la gobernabilidad social y política del país.
“Sería muy lamentable cargar con la responsabilidad histórica de exacerbar el conflicto social por la tierra, aumentar el sufrimiento del pueblo y propiciar el derramamiento de sangre de muchos compatriotas en el Paraguay”, finalizaron.
Cifras
6.744.005 hectáreas de tierras malhabidas fueron adjudicadas por el IRA y por el IBR entre los años 1954 y 1989.
989.589 hectáreas de tierras malhabidas fueron las adjudicadas en total por el IBR entre los años 1989 y 2003.
