El agente fiscal Benjamín Maricevich y la directora de Derechos Humanos de la Fiscalía, Alejandra Peralta, llegaron hasta el lugar junto con otros funcionarios del Ministerio Público y agentes policiales de la Comisaría 31ª. Allí verificaron las denuncias de unos pobladores de la zona que se manifiestan en contra de los ocupantes en las afueras del recinto.
Los vecinos advirtieron que entre los ocupantes se encuentran dos funcionarios públicos, por lo que no serían sujetos de reforma agraria.
Por otro lado, amenazaron con ingresar al cuartel para expulsar a los “sintecho” que están allí, en tanto que los representantes de la Fiscalía pidieron evitar la confrontación social.
A su vez, los agentes de la Comisaría 31ª elevaron una lista de algunas personas que ingresaron al cuartel y se identificaron. En ese sentido, la Policía Nacional busca constatar e identificar a cada uno de los ocupantes, puesto que, de acuerdo con la Fiscalía, “están cometiendo un hecho punible”, así como también se busca confirmar si existen funcionarios públicos entre ellos.
En el predio de las Fuerzas Armadas se instalaron unas 1.000 personas que piden la expropiación del terreno.
