El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, presentó este martes una solicitud al Tribunal Supremo de Justicia para que, como parte de una investigación preliminar, impida la salida del país al diputado Juan Guaidó, que el pasado 23 de enero se proclamó presidente interino del país.
“Hemos aperturado dicha investigación de carácter preliminar para solicitar que se dicten medidas cautelares que (...) permitan en este caso: uno, la prohibición de su salida del país; dos, la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles; tres, el bloqueo de sus cuentas”, dijo Saab a periodistas antes de ingresar a la sede del alto tribunal.
Saab comentó que la decisión se debe a que “hay un ciudadano (Guaidó) que prácticamente ha encabezado” una “acción (...) en detrimento de la patria venezolana” que llevó a que “inclusive países extranjeros solicitaran a Venezuela medidas sumamente graves que alteran el orden constitucional, entre ellas, el aislamiento de cuentas”.
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Según Saab, esa situación “viene afectando desde hace varios años producto de una circunstancia totalmente ajena a la legalidad venezolana”.
En su opinión, Venezuela está sometida a “medidas coercitivas, de bloqueo económico que dañan no solo el patrimonio nacional, sino que dañan la vida familiar de todos los venezolanos”.
El pasado 23 de enero, Guaidó se adjudicó las competencias del Ejecutivo como presidente interino y recibió el reconocimiento de una treintena de países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Israel, Brasil y Colombia.
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El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, y Guaidó emitieron este lunes sendas declaraciones en las que aseguran tener el control de activos del país en el exterior, aunque es el diputado opositor quien ha logrado el apoyo internacional.
Guaidó anunció que había ordenado el “traspaso” de las cuentas del país en el exterior para evitar el “saqueo”, al tiempo que señaló que se inició un proceso para designar a las directivas de Citgo, filial en Estados Unidos de la petrolera estatal Pdvsa.
Finalmente, Saab aseguró que, las medidas tomadas hoy tienen “basamento legal” y le permite al ministerio público “desarrollar una investigación” para “seguir recabando” los datos suficientes “que permita detener estos actos” que atribuye a Guaidó y que cree que “han dañado la paz” de Venezuela, su economía y patrimonio.
