EFE.
El pedido, al que se adhirió la defensa de los campesinos se realizó en la sesión del juicio de este martes, después de que el testigo Elbio Rojas, perito policial que recolectó evidencias tras la masacre, explicara que disponía de fotografías y vídeos que no habían sido incorporados como pruebas a la investigación.
Uno de los abogados defensores de los campesinos acusados, Amelio Sisco, declaró a Efe que estas pruebas estaban en poder del Ministerio del Interior, pero nunca fueron exhibidas “para no comprometer a los verdaderos responsables de la masacre”, que según la tesis de la defensa fueron los propios policías.
En el proceso judicial están acusados once campesinos por la muerte de seis policías durante la masacre, que se produjo cuando agentes de las fuerzas de seguridad acudieron a desalojar una finca que los labriegos ocupaban para exigir que se incorporara a la reforma agraria.
Mientras tanto, la Fiscalía no imputó a nadie por la muerte de once campesinos.
En la sesión de hoy, el testigo Rojas reconoció algunas de las pruebas presentadas durante la investigación, como un revólver de calibre 38 niquelado, una de las presuntas armas homicidas.
Rojas refirió que desde el 13 de abril de 2012 la Policía realizó al menos nueve incursiones en la finca donde sucedió la masacre, conocida con el nombre de Marina Kue.
Las intervenciones respondían a diferentes denuncias por ocupación indebida del terreno, robo de ganado y hasta por asalto y toma de rehén con arma de fuego.
Todas estas denuncias fueron presentadas por personal que trabajaba en la estancia colindante con Marina Kue, explotada por una empresa propiedad de la familia de un dirigente político durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
En la sesión de este martes también prestó declaración el médico forense Floriano Irala, encargado de examinar los cadáveres de los seis policías fallecidos durante el desalojo.
Irala explicó que los cuerpos examinados presentaban heridas de bala realizadas con armas de grueso calibre y muchas de ellas se encontraban en zonas como la cabeza o los hombros.
Para la historiadora Margarita Durán, observadora del juicio a los campesinos acusados de la masacre desde su comienzo, el pasado mes de julio, el testimonio del forense “desmonta la versión ofrecida por la Fiscalía”.
Según esta versión, los campesinos efectuaron los disparos que acabaron con la vida de los policías, “pero ellos no disponían de las armas de grueso calibre” que según el forense acabaron con la vida de los policías, sino que solo contaban con “armas para cazar palomas o codornices”, dijo a Efe Durán.
Además, el hecho de que las heridas de bala estuvieran en la cabeza y hombros de las víctimas sugiere que los disparos “se hicieron desde arriba”, como sostiene la defensa de los campesinos, que apunta a que los tiros se realizaron desde un helicóptero que sobrevolaba la zona durante el desalojo.
El piloto de este helicóptero, Marcos Agüero, falleció el pasado 14 de agosto en un accidente aéreo mientras patrullaba en la ciudad de Limpio (Gran Asunción).
La masacre de Curuguaty en 2012 sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar un juicio político contra el presidente Fernando Lugo, que fue destituido una semana más tarde en un procedimiento calificado de irregular por organismos internacionales como Unasur.
