El procedimiento se realizó en el local del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), ubicado sobre Eligio Ayala, en el edificio Plaza 600.
La diligencia fue realizada tras la denuncia realizada por el presidente de la institución, Francisco Ruiz Díaz, quien el jueves ordenó la clausura provisoria de las dependencias ubicadas en dicho lugar, la prohibición de ingreso de funcionarios y la autorización para que el Ministerio Público realizara el registro.
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La inspección duró gran parte de este viernes y derivó en la incautación de varias computadoras, expedientes y resoluciones que guardaría vinculación con la adjudicación de inmuebles, supuestamente vinculados en campos comunales.
Los campos comunales son extensiones de tierras destinas para el uso común de los habitantes de las comunidades vecinales, adjudicadas a lotes fiscales adjudicados por el Indert y que, por ningún motivo, pueden ser vendidas, cedidas, embargadas o enajenadas.
Investigación fiscal
Funcionarios del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) estarían involucrados en hechos de corrupción por el pedido de coima de G. 700.000 a mujeres que buscan regularizar la situación de las tierras que ocupan. El Ministerio Público inició las diligencias en este caso con la revisión de una de las oficinas.
El presidente de la institución, Francisco Ruiz Díaz, explicó que en principio la suma era muy elevada, pero las víctimas estaban dispuestas a hacer pancheadas y polladas para alcanzar “la rebaja” que hicieron los funcionarios.
“Supuestamente, se iba a iniciar el proceso de titulación del asentamiento y les dijeron que había una normativa por cual se tenía que cobrar G. 7 millones a cada una de las personas interesadas, pero dicha normativa no existe, pero que el dinero era para las personas que iban a hacer el relevamiento de la información para iniciar el proceso de titulación”, relató el titular del Indert en radio Monumental 1080 AM.
Serían alrededor de cinco los funcionarios involucrados en el esquema, pero recién el lunes se contará con una información más completa. Aclaró que, primeramente, la dependencia denunciada no tiene la facultad de realizar el barrido predial masivo, un servicio que está a cargo del Sistema de Información Rural y de la Tierra y que, además, solo la Gerencia de Créditos puede recibir pagos con la emisión del documento respaldatorio.
Ruiz Díaz mencionó que esta investigación es resultado de los mecanismos adoptados para dar mayor independencia, recursos y abogados a la Dirección de Transparencia y Anticorrupción, donde empezaron a llegar y procesar las denuncias.
El propio presidente del Indert visitó el asentamiento y pudo observar ocupantes en situación de extrema pobreza, en su mayoría mujeres, a quienes ofreció su respaldo para esclarecer la situación.
