Desde la Fiscalía informaron que el pedido de documentación realizado por la Contraloría General de la República fue remitido este viernes en soporte magnético y cuenta con 3.002 páginas, mientras que toda la documentación física se encuentra disponible en la Dirección General de Administración y Finanzas, en caso de que se requiera alguna revisión por parte de los auditores.
Asimismo, reiteraron el compromiso asumido por la Fiscalía, con el desistimiento de la acción de inconstitucionalidad promovida en el 2019 por la ex fiscala general del Estado Sandra Quiñonez, que debe ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De igual manera, informaron que el paso posterior es la devolución de documentos por parte del Tribunal de Cuentas, una vez que la CSJ resuelva el desistimiento de la acción.
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La postura del nuevo fiscal general del Estado es que la Contraloría General de la República es el único órgano de control, según lo establece la Constitución Nacional. Sin embargo, no solo Sandra Quiñónez, sino que otras instituciones también presentaron sus rendiciones al Tribunal de Cuentas, basándose en una ley anterior a la Carta Magna, es decir, la Ley 879/1981, Código de Organización Judicial.
Luego de años de no poder evaluarse las administraciones de anteriores fiscales generales, finalmente hay apertura del nuevo titular y un equipo de auditores de la Contraloría General de la República ya se instaló en la Fiscalía General.
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Los auditores estarán por tres meses instalados en la institución para hacer la evaluación de lo que dejó la gestión de la ex fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, quien dejó el Ministerio Público el pasado 9 de marzo, luego de una gestión cargada de críticas por parte de diferentes sectores.
En ese sentido, Rolón comenzó por dejar sin efecto los nombramientos y los nuevos contratos que decidió firmar Quiñónez a las apuradas antes de salir, asignando cargos a más de 400 personas.
Comprobó que los fiscales adjuntos que representaban a varias circunscripciones del país, entre ellos los del interior, en realidad hacían oficina en Asunción, y decidió reorganizar funciones. Se encargó de las causas emblemáticas que llevaban años dormidas, y las reasignó, como las denuncias contra Cartes, el caso Messer y otros.
