La acción penal corresponde al mal manejo de unos G. 17.000 millones de los fondos de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap) durante los años 2015 a 2016.
Osmar Ludovico Sarubbi fue presidente de la Essap durante el Gobierno de Horacio Cartes, periodo en el cual su gestión fue sometida a una auditoría, comprobándose supuestos malos manejos en su administración.
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Sarubbi y otros 39 funcionarios fueron imputados tras las emisiones de cheques para supuestas compras para la Essap. Los servicios fueron pagados, pero nunca fueron recibidos.
Entre los supuestos servicios adquiridos se encontró la adquisición de un software, de un consorcio de origen chileno, con un costo de USD 1,5 millones.
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Los demás funcionarios imputados ocupaban altos cargos en la aguatera estatal y supuestamente daban su visto bueno a las compras que se realizaban, en algunos casos sin ningún tipo de presupuesto o sin la debida licitación pública.
La remoción de los altos funcionarios de la empresa de servicios de agua se dio tras una auditoría estatal, en la que se comprobaron supuestamente los malos manejos del dinero público. Tras la auditoría, Sarubbi renunció al cargo.
