11 jul 2026

Fiscalía pide 2 años con suspensión de la pena para ex actuaria en caso RGD

La fiscala Ruth Benítez solicitó la pena de dos años de cárcel, con la suspensión de la ejecución de la condena, para la ex actuaria Juliana Romero, acusada de que supuestamente adulteró y borró el expediente de Ramón Mario González Daher por falso testimonio. La defensa pidió la absolución, y el envío a la Fiscalía de antecedentes de un juez y dos funcionarias por falso testimonio.

7c0c7b0e-16cc-46cf-b490-5b0e3a2fd30f.jpg

Alegatos. La defensa de Juliana Romero solicitó la absolución de culpa y reproche de la procesada.

Foto. Gentileza.

Ante los jueces María Fernanda García de Zúniga, Héctor Capurro y Yolanda Portillo, se presentaron los alegatos finales en el juicio oral a la ex actuaria judicial Juliana Romero.

La agente le acusó como autora de los supuestos delitos informáticos y otros hechos punibles por una supuesta alteración del expediente virtual en el sistema Judisoft, en la causa abierta a Ramón González Daher.

En su acusación, la fiscala señaló que la funcionaria del Tribunal de Sentencia N° 21, había presentado una denuncia en la cual reportó que desconocidos ingresaron al sistema Judisoft con su usuario y contraseña, con lo que reemplazaron el expediente N° 1075/2021 “Ramón González Daher sobre testimonio falso” por el expediente N° 2310/2017 “Arnaldo José Duré sobre estafa”.

En su pedido, la fiscala requirió calificar la conducta de la funcionaria como acceso indebido a sistemas informáticos, simulación de un hecho punible, frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios.

Después, solicitó que se le aplicara la pena de 2 años de prisión, pero con la suspensión de la ejecución de la condena. Entre las condiciones, requirió que la misma ya no ocupara un cargo en la función pública.

Lea más: Confirman juicio oral para actuaria acusada de modificar el expediente de Ramón González Daher

Posteriormente, los abogados defensores expusieron sus alegatos. Señalaron que fue la misma actuaria la que denunció los hechos donde habían ingresado al sistema y usaron su contraseña para reemplazar los expedientes.

Indicó que el juez de Sentencia Darío Báez y otros funcionarios le dijeron que dejara nomás, pero que luego ella se decidió a denunciar, lo que fue conocido por el magistrado.

Además, la defensa señaló que iba a requerir que el Tribunal remita los antecedentes al Ministerio Público para su investigación por falso testimonio del juez Darío Báez, la actuaria Adriana Sánchez y de otra funcionaria, ya que indican que mintieron en el juicio oral.

Los mismos alegaron la inocencia de la procesada, por lo que solicitaron la absolución de culpa y reproche.

No hubo réplica ni dúplica, por lo que tras escuchar las palabras finales, los jueces se retiraron a deliberar para dictar un veredicto.

Más contenido de esta sección
La condena de 10 años de cárcel para el ex gobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, fue ratificada por la Sala Penal de la Corte, que declaró inadmisible el recurso de casación planteado contra el fallo.
La Sala Penal de la Corte ratificó la pena de 3 años de cárcel para Justo Rubén Ferreira Servín, ex presidente de la firma Insumos Médicos SA (Imedic), por contrabando de camas hospitalarias durante la pandemia, y la absolución de los demás encausados.
Oposición. La Fiscalía Adjunta rectificó dictamen de los fiscales y pidió que el caso pasará a juicio.
Los fiscales Luis Piñánez, Luz Guerrero y Cristhian Benítez requirieron la desestimación de la denuncia presentada en contra del director de Itaipú, Justo Zacarías Irún, por la adquisición de los pupitres chinos. Sostienen que no hubo perjuicio patrimonial.
En el juicio oral del caso conocido como Scanner, esta mañana, una de las defensas pidió una pena atenuada de 3 años de cárcel, luego de que en la audiencia anterior, el fiscal Andrés Arriola había requerido sanciones de entre 8 y 16 años de encierro.
El ex ujier del Juzgado de Paz de La Encarnación, Arturo Javier Ayala, irá a juicio oral, por otra de las causas conocidas como de la mafia de los pagarés, según resolvió esta mañana el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, tras la acusación planteada por la fiscala Adjunta Soledad Machuca.