La orden de captura internacional será solicitada este lunes por la fiscala Teresa Sosa, quien lleva adelante la investigación por el caso de compranotas en la Universidad Católica de Asunción (UCA), en el 2014.
La agente fiscal detalló que las autoridades uruguayas deberán analizar el pedido, aunque el Ministerio Público ya cuenta con todos los argumentos y elementos peritados.
La joven, que también hace cinco años denunció por acoso a su profesor Cristian Kriskovich, quien es miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y del Consejo de la Magistratura, viajó al Uruguay y obtuvo el estatus de refugiada.
Sin embargo, la fiscala comentó a Última Hora que tanto el Ministerio Público como el Juzgado Penal de Garantías no han recibido notificación alguna sobre la concesión de este recurso.
“Al no contar con una notificación de las autoridades de Uruguay, el proceso se hace normalmente con el aviso correspondiente a la Interpol porque en su caso ya no es una audiencia de imputación, es una acusación por un hecho de acción público común”, precisó.
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La defensa había alegado que la causa dejó de ser jurídica y pasó a ser un tema netamente político. En su momento, el abogado Martín Barba señaló que su defendida es acosada judicialmente por la influencia que tiene Kriskovich en los órganos de poder.
Sobre ese punto, Sosa aclaró que la causa abierta en contra de la joven es previa a la denuncia que ella entabló al ex titular del JEM.
Al momento de viajar, la estudiante ya contaba con una orden de captura por no presentarse a la audiencia de la causa de compranotas.
La orden se da en el marco de un juicio abierto contra 44 personas, de las cuales 41 ya obtuvieron salidas alternativas, mientras que tres quedaron con la causa y se presentaron a la audiencia, a excepción de la joven que ahora enfrenta a la Justicia desde el Uruguay.
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El defensor de la alumna también mencionó que la denuncia de acoso se realizó ante instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por los atropellos a los derechos humanos en su vivienda de Asunción, y ante Amnistía Internacional.
Relató que en las inmediaciones del domicilio de su cliente empezaron a aparecer camionetas sin chapa para amedrentarla.
