El fiscal Luis Piñánez, al realizar la imputación, requirió solo cuatro meses de investigación para el caso del legislador colorado.
Con ello, tenía hasta ayer lunes 23 de setiembre para presentar el requerimiento conclusivo, pero solicitó la prórroga ordinaria de la investigación penal.
En la audiencia, el fiscal Piñánez requirió que el plazo sea prorrogado otros dos meses más, de modo a que pueda concluir varias diligencias que tiene pendientes.
Los abogados defensores, Jorge Bogarín y Patricia Vitale, se allanaron al pedido, teniendo en cuenta que ellos también habían requerido diligencias para ser realizadas por el Ministerio Público, que no fueron hechas.
De esta manera, la magistrada concedió el plazo para que la Fiscalía continúe con las pesquisas por otros 60 días.
Ahora, el requerimiento conclusivo deberá ser presentado él próximo 23 de noviembre de este año, donde el agente Luis Piñánez deberá presentar su requerimiento conclusivo.
Así, en total, serán seis meses el plazo que tiene la Fiscalía para completar su pesquisa en torno al diputado de la Asociación Nacional Republicana.
Entre las posibilidades están el pedido de juicio oral, el sobreseimiento provisional o definitivo, o alguna salida alternativa, tales como el procedimiento abreviado o suspensión condicional del procedimiento.
Lo más probable sería el juicio oral, ya que con respecto a los coprocesados, todos ellos esperan juicio oral.
ACUSADOS. En la misma causa, Reinaldo Chaparro, Lucio Romero y Nery Antonio Franco fueron acusados por supuestos hechos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
La investigación se inició a raíz de una investigación periodística realizada por este diario, lo que fue tomado por la Fiscalía para abrir la causa.
Conforme con la acusación del Ministerio Público, los coprocesados realizaban labores domésticas para el parlamentario y cobraban salarios en forma indebida en la Cámara de Diputados.
Chaparro percibió más de G. 17.000.000 desde el mes de julio de 2016 hasta enero de 2017, con un salario mensual de G. 2.000.000.
Romero también cobró más de G. 17.000.000, en el mismo periodo y con el mismo ingreso.
Con respecto a Nery Franco, recibió G. 24.000.000 en el mismo periodo, pero con un salario de G. 3.000.000, en forma mensual.
En el caso, el juicio oral para los supuestos caseros ya fue fijado para el mes de febrero del año próximo, según el sorteo informático realizado.
Fueron designados como jueces Carlos Hermosilla, Wilfrido Peralta y Héctor Fabián Escobar.
Según el sorteo, el juicio oral fue fijado para los próximos 2, 3 y 7 de febrero del año próximo, a partir de las 8.30.
Sin embargo, estas fechas tienen que ser ratificadas por el Tribunal de Sentencia de la causa.
Lo más probable es que si, eventualmente, la causa contra el diputado Tomás Rivas es elevada a juicio oral, podría esperarse para la unificación.
No obstante, esto es solo una posibilidad, ya que el caso de Rivas aún está en etapa investigativa del fiscal.
