La fiscala Natalia Fuster, de Delitos Económicos y Anticorrupción, dispuso la investigación de Silvio Beto Ovelar por la polémica contratación de su hijo en la Cámara Diputados. Poco puede avanzar el proceso mientras goce de fueros parlamentarios.
En las primeras diligencias, la agente solicitó a la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara Baja el legajo de Alejandro Ovelar y sus remuneraciones desde que ingresó hasta que salió de la institución.
La causa en realidad figura como “Innominada”, pero la denunciante y abogada Teresa Flecha explicó que tal vez no se adjuntaron las presentaciones donde ella menciona al senador.
En comunicación con radio Monumental 1080 AM, la profesional explicó que se está violando La Ley 2523 que sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias.
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Se refirió principalmente al artículo 8, que habla de la administración en provecho propio, con una pena privativa de libertad de hasta 10 años para el funcionario “decida, autorice o suscriba actos o contratos administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios indebidos para su provecho personal, o para su cónyuge o conviviente, o el de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.
Al respecto Flecha insistió en que Ovelar es el administrador de los recursos que se utilizaron para contratar a su hijo Alejandro. Aunque sea presidente del Congreso y el joven haya trabajado en Diputados, la abogada explica que el presupuesto es el mismo.
🔴"Beto" Ovelar en la mira tras la contratación de su "nepobaby"
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) January 5, 2024
👉🏼 La abogada Teresa Flecha denunció a Silvio Ovelar por administración en provecho propio y la Fiscalía ya realiza diligencias.
👉🏼 La agente Natalia Fuster pidió al Congreso informes sobre el legajo de Alejandro… pic.twitter.com/iRguvRAivu
Sobre la Ley 5295 sobre nepotismo, mencionó que los legisladores se blindaron en la Ley de Presupuesto, donde incorporaron un artículo que los exceptúa del cumplimiento de esta normativa. Igualmente cuestionó la medida como inconstitucional porque los parlamentarios no pueden estar por encima de la ley.
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Alejandro Ovelar figuraba como asesor en la Cámara de Diputados con un salario de G. 3.300.000. El joven renunció tras el cuestionamiento ciudadano por su contratación privilegiada sin concurso de méritos y las polémicas justificaciones de su padre.
