Se trata de Bruno José Dacosta Amaral, quien fue imputado por por el fiscal Federico Delfino, por el hecho punible de violación a la Ley 4036/10 de portación y tenencia de armas, con respecto a los incisos específicos de detentación, tráfico ilícito y acopio ilícito.
El representante del Ministerio Público requirió al Juzgado la medida cautelar de prisión preventiva, para garantizar el desarrollo óptimo del proceso penal, informó la Fiscalía.
Según la investigación del Ministerio Público, Dacosta Amaral sería el dueño de un local comercial denominado Caza y Pesca Rossi, que presuntamente provee armas a personas vinculadas al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
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El hombre fue detenido este miércoles, luego de que la Fiscalía realizara un allanamiento en el comercio, ubicado en la ciudad de Salto del Guairá, en el Departamento de Canindeyú, en donde se procedió a la incautación de una gran cantidad de armas, componentes y municiones.
En el marco de investigaciones relacionadas al EPP, en septiembre del 2020, durante un allanamiento ubicado en la localidad de Sapucai, distrito de Yby Yaú, en Departamento de Concepción, fueron halladas imágenes del local de ventas de armas de fuego, del cual sería propietario el ahora procesado.
En conversación con Telefuturo, Bruno José Dacosta Amaral, negó tener vinculación alguna con el grupo criminal EPP.
“No quiero saber nada del EPP, los cartuchos de fusil son todo legal, tienen todo factura, al EPP yo no le vendí nada, no tengo yo trato con ellos”, expresó.
Caso billetes venezolanos
El empresario brasileño Leandro José da Costa Neto, de 79 años y su hijo Bruno da Costa Amaral fueron acusados por la Fiscalía, que pidió que afronten juiicio oral, por la tenencia ilegal de 30 toneladas de billetes venezolanos que fueron hallados en una vivienda de Salto del Guairá. Los hechos atribuidos son asociación criminal, contrabando y lavado de dinero.
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Según la acusación, el 13 de febrero de 2017, Da Costa Amaral tuvo en su poder 530 bolsas de arpillera de color blanco, que contenían en su interior billetes de 50 y 100 bolívares de origen venezolano, los cuales en el momento de la incautación eran de curso legal vigente; los mismos se encontraban ocultos y distribuidos en el garaje, quincho, una habitación, parte de la sala, y pasillo de la vivienda.
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Los billetes ingresaron al territorio nacional violando normas aduaneras desde lado brasileño, ya que no pasaron por los puestos de control aduanero correspondientes, con la intención de su posterior colocación dentro del mercado negro del sistema financiero o cambiario para la compra de armas y otros.
