El Ministerio Público sigue con la investigación tras la denuncia por emisión irregular de licencias de conducir y habilitación en la Municipalidad de San Lorenzo, Departamento Central.
En el marco de la investigación, el fiscal Leonardi Guerrero, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, imputó a la funcionaria municipal Mabel Corvalán Achucarro por los hechos punibles de uso de documento públicos de contenido falso, en calidad de autora; producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, en calidad de instigadora y cohecho pasivo agravado en calidad de autora.
Igualmente, formuló imputación contra Nilsa Evelin Morel Giménez por el hecho punible de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. Guerrero solicitó la aplicación de medida cautelar de arresto domiciliario.
A través del allanamiento, se constató que Corvalán Achucarro, funcionaria de la Dirección de Tránsito, es la persona que estaría detrás de un mecanismo para la obtención de certificado de vida y residencia exigido para la renovación de registro de conducir.
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Para el efecto, al recibir consultas de los contribuyentes, informaba los requisitos para acceder a la renovación señalando que uno de ellos es el certificado de vida y residencia policial, y que ella podría conseguirlo a cambio de un pago.
La funcionaria solicitaba al contribuyente su cédula de identidad a la cual procedía a quitar foto por medio de su celular. Posteriormente, remitía la fotografía a un personal de la Policía a fin de que este elabore la constancia de vida y residencia.
Las víctimas refirieron que al acercarse a la ventanilla de atención de la Comuna, Corvalán era quien se encargaba de señalar los requisitos para la renovación de registro de conducir.
Se constató también que Morel proveía a Corvalán de la constancia requerida, cuyo contenido no sería auténtico al juzgar por los testigos que obran en el contenido.
La Fiscalía realizó un allanamiento y logró incautar de la cartera de Corvalán la suma de G. 60.000, cuyos billetes fueron previamente marcados por orden judicial, así como más de G. 2.500.000 en billetes varios.
