El fiscal Julio Ortiz imputó a Jorge Brítez y Vicente Mario Bataglia, ex presidentes del IPS, además de otros integrantes del Consejo, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones.
La denuncia refiere a hechos punibles de lesión de confianza por el caso de las adendas de quirófanos modulares.
De acuerdo con el Ministerio Público, se señala un perjuicio económico a la previsional de G. 61.000 millones.
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El caso refiere a la causa N° 3397/2024 caratulada como “Hugo Enrique Aranda y otros s/ Lesión de Confianza”. En el acta de imputación presentada por el agente fiscal de la Unidad N° 3 de la sede 1 de la Capital, Julio Ortiz, sostiene que “existen suficientes elementos para formular imputación” contra los acusados.
Asimismo, fueron imputados José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colman, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.
En comunicación con Radio Monumental 1080 AM, el fiscal Julio Ortiz señaló que la causa se originó en la Fiscalía de Asunción barrial 7 a cargo de la doctora Silvia González. Sin embargo, se hizo una división de la investigación. A una sede se le asignó investigar a la empresa ganadora de la licitación y a la otra el contrato administrativo con el IPS.
“Conforme a que el doctor Isaías Fretes hizo una demostración pública ante la prensa de un contedor donde se encontraron objetos que pertenecerían a esta licitación que era de la organización de un quirófano modular y ante la inexistencia de ese quirófano modular, encontramos un cúmulo de documentos y solicité la demostración de pagos que se hicieron”, relató el fiscal.
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Asimismo, manifestó que la licitación data de la época de la presidencia de Andrés Gubetich solicitada por parte de directores de mantenimiento y de otra dependencia la realización del quirófano modular que es ganada por una empresa a la que se le paga G. 10.600 millones en concepto del 20% del G. 53 mil millones.
Agregó que tras seis meses de que no se hayan realizado las obras porque el IPS no hizo el espacio necesario dentro del edificio, se vuelve a solicitar un pago que es negado por Contrataciones Públicas; sin embargo, el entonces presidente Vicente Bataglia hace una adenda y una ampliación del plazo y se hacen dos pagos, uno de G. 5.300 millones y otro de cerca de G. 4 mil millones.
Luego se vuelve a hacer otra adenda para la adquisición de productos, que implicaban G. 8 mil millones más.
“Entra Brítez, hace una auditoria interna que le dice que se está haciendo mal los pagos, pero posteriormente hace los pagos. De G. 53 mil millones subió a G. 61 mil millones”, detalló Ortiz.
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El fiscal señaló que firmó la orden de detención, pero no pudo agarrar a nadie a raíz de una filtración y por eso tomó la decisión de imputar.
“Con los elementos que tengo ya da para imputar. Para imputar uno tiene que tener sospecha, para acusar certeza, yo digo que ya tengo certeza incluso. Realicé la imputación pertinente, la causa ya fue sorteada y también solicité aparte de la prisión que en caso de que sean aprehendidos den cauciones hasta llegar al monto de G. 61 mil millones teniendo en cuenta que ese es el monto de perjuicio que tuvo la institución”, explicó Ortiz.
Asimismo, confirmó el pedido de detención y de prisión preventiva contra los imputados.
