19 dic. 2025

Fiscalía General acusa a Temer por “corrupción y asociación ilícita”

El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, acusó al presidente Michel Temer por corrupción y obstrucción de la Justicia al tratar de interrumpir el avance de una investigación anticorrupción.

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Michel Temer | EFE

Temer es acusado de actuar junto con el senador suspendido Aecio Neves a favor de interrumpir el avance de la investigación de la operación anticorrupción Lava Jato, informa la agencia Télam.

Según el fiscal, Neves, “en articulación, entre otros, con el presidente Temer”, intentó obstaculizar la operación ‘Lava Jato’”, que investiga la trama corrupta en la estatal Petrobras, a través de “medidas legislativas” y “el control del nombramiento de comisarios de policía” que conducían los procesos.

“De esta forma, se ve también la posible práctica del delito de obstrucción a la Justicia”, resalta Janot, citado en un documento en el que el magistrado del Supremo Edson Fachin autorizó el jueves la apertura de una investigación contra Temer.

El presidente, de 76 años, se vio salpicado directamente por la confesión realizada ante la justicia por uno de los dueños del gigante cárnico JBS, que colocó al presidente brasileño en el centro de un escándalo de corrupción.

El empresario confesó que JBS le paga sobornos a Temer desde 2010, según documentos difundidos hoy por la Corte Suprema, y grabó una conversación hecha pública esta semana y que compromete directamente al jefe de Estado.

De acuerdo con la Fiscalía, la grabación demuestra que Temer dio “aval” al empresario Joesley Batista para comprar el silencio de Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara de los Diputados y en prisión por corrupción.

El mandatario, en el poder de manera efectiva desde la destitución de Dilma Rousseff el pasado agosto, ha negado cualquier tipo de acto ilícito y el jueves se dirigió a la nación para afirmar enérgicamente que no renunciará a su cargo, a pesar de las presiones de la oposición y de algunos sectores de su base.

No obstante, Temer pudiera ser desalojado del poder si se instaura un proceso penal en su contra, lo cual debería avalado por el Parlamento, publica a su vez EFE.

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