El área de Comunicación hizo una cronología de las acciones hasta ahora. Informaron que el pasado 3 de febrero la Fiscalía inició la investigación, a raíz de la denuncia del magistrado contra el Crimen Organizado.
Los fiscales de la Unidad de Anticorrupción asignados fueron Francisco Cabrera, María Verónica Valdez y Luis Piñánez, bajo la coordinación de la fiscala adjunta Soledad Machuca.
Esta denuncia menciona indicios de tráfico de influencias por parte de actores importantes de la Justicia, como el ahora ex diputado Orlando Arévalo: las fiscalas Katia Uemura y Stella Mary Cano, y la hoy ex jueza Sadi López.
Estos mantenían conversaciones constantes con el fallecido diputado Eulalio Gomes, y éste intermediaba para salvar a las magistradas del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, cuando Arévalo era titular de ese órgano.
Incluso, se deja entrever, un supuesto pago para que una de las fiscalas sea salvada de la causa iniciada en su contra.
Luego de abrir esta causa en Fiscalía, el pasado 4 de febrero, el fiscal general Emiliano Rolón remitió un informe al Jurado, “con el objetivo de facilitar la evaluación y, de ser necesario, la suspensión de oficio de jueces y fiscales implicados”.
Ya el 5 de febrero, se ordenó un sumario administrativo a las fiscalas denunciadas, Stella Mary Cano y Katia Uemura, basado en el informe del juez Osmar Legal, a fin de investigar posibles irregularidades en las causas que ambas llevaban.
Lo último es que la semana pasada el equipo de investigación retiró del Juzgado la copia espejo del teléfono de Eulalio Gomes, donde se habría evidenciado el tráfico de influencias denunciado.
MÁS CASOS. El Ministerio Público tiene en su poder otras dos causas más que envuelven al diputado fallecido.
Uno de ellos es por la muerte del legislador, que ocurrió en la madrugada del 19 de agosto del 2024. Esa noche, una comitiva fiscal-policial ingresó en su vivienda, y en un supuesto tiroteo policías acabaron con su vida.
Esto indaga el equipo de investigación integrado por los fiscales Celso Morales, Christian Ortiz y Luis Said, quienes tienen a su cargo evaluar el proceder de la comitiva.
Los agentes tienen pendiente realizar un análisis de los resultados de los informes técnicos, pericias que se hicieron para determinar si efectivamente el legislador disparó o no, lo que revelaría si había o no una causa de justificación para entrar disparando a su habitación.
Pasaron seis meses del hecho y sigue en espera también que el Ministerio Público tome la declaración de los implicados y realice otras diligencias.
La otra causa abierta, es la que llevó a la comitiva a realizar el allanamiento en la vivienda de Gomes y de su hijo, Alexandre Rodrigues, quien sigue en prisión, imputado por narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal. Ambos habrían estado vinculados a la red del narco Jarvis Chimenes Pavão.
Esta causa la llevan adelante las fiscalas Ingrid Cubilla y Elva Cáceres.
