El tribunal hizo público un informe anual en el que enumera delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, entre ellos el de tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución por motivos políticos y encarcelamiento en violación de las normas fundamentales del derecho internacional.
“La información disponible indica que personas afines al Gobierno también participaron en la represión de opositores (…) o de personas percibidas como tales, principalmente actuando en conjunto con miembros de las fuerzas de seguridad”, dijo la Fiscalía.
Otros cuerpos que habrían cometido crímenes de lesa humanidad, al menos desde abril de 2017, serían la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) y la Guardia Nacional Bolivariana.
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Es la primera vez que la oficina dirigida por la fiscala jefa de la CPI, Fatou Bensouda, especifica por su nombre qué fuerzas del orden del país caribeño están bajo sus pesquisas.
Así mismo, la jurista notificó un informe entregado por las autoridades venezolanas en el que se da cuenta de “procesos nacionales llevados a cabo en la jurisdicción ordinaria y militar, y por el Tribunal Supremo de Justicia, así como copias de documentos judiciales detallando procedimientos internos”.
Este documento se encuentra bajo el análisis de la Fiscalía de La Haya, ya que la CPI es un tribunal de última instancia que solo interviene cuando los Estados no llevan a cabo investigaciones fehacientes sobre los crímenes denunciados.
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Bensouda dijo que prevé concluir el examen preliminar sobre Venezuela en el primer semestre de 2021, momento en el cual espera determinar si existe una base razonable para solicitar a los jueces la apertura de una investigación o, por el contrario, da carpetazo al asunto.
Otro país latinoamericano al que la Fiscalía de la CPI tiene abierto un examen preliminar es Colombia, debido a delitos cometidos presuntamente por miembros del Ejército, el grupo armado FARC y grupos paramilitares.
La Fiscalía valoró positivamente la Jurisdicción Especial para la Paz, el mecanismo de justicia transicional para juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado colombiano.
“Las autoridades colombianas parecen haber avanzado en la investigación (…), de los posibles casos identificados”, dijo Bensouda en el informe, aunque no estableció ninguna fecha límite para decidir si concluye el examen preliminar de Colombia.
