La agente fiscal Norma Salinas, en conversación con NPY, sostuvo que siguen con las investigaciones tras el cobro irregular de una indemnización de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de G. 800 millones para familiares de dos trabajadores que fallecieron electrocutados.
En ese sentido, adelantó que este viernes el Ministerio Público tomará nuevas decisiones procesales.
“Continuamos la investigación y, en ese sentido, hoy vamos a tomar nuevas decisiones procesales en el afán de dar cumplimiento al código procesal, son nuevas imputaciones”, expresó y aseguró que “el trabajo sigue muy intensamente”.
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Igualmente, explicó que la empresa estatal “agregó instrumentales muy importantes” y, en ese sentido, están tomando decisiones.
Hasta el momento, la imputación no alcanza a los trabajadores de la ANDE.
Días atrás, la Fiscalía imputó a cuatro personas, entre ellas la funcionaria pública Anadelia Acosta Armoa, por los presuntos hechos de estafa, apropiación y lesión de confianza.
También fueron procesados el abogado Darío Aquiles Flores, Ovidio Ramón Oviedo Brítez, pareja de Acosta Armoa; y Juan Ramón Acosta, el padre de la funcionaria del Congreso.
El padre y la pareja de Acosta Armoa figuran como testigos de Juana Honorina Casco de Ramírez, madre de uno de los fallecidos, para el cobro del cheque ante la sede del Banco Nacional del Fomento (BNF) en Repatriación, Caaguazú.
El primer cheque de G. 400 millones fue efectivizado el pasado 11 de setiembre y el segundo, por el mismo valor, el 26 de setiembre.
Del total de ese dinero, las familias recibieron de forma conjunta G. 75 millones.
