Los agentes fiscales Carlomagno II Alvarenga y Luis Piñánez ampliaron la imputación en contra del intendente de Puerto Casado, Alto Paraguay, Hilario Adorno Mazacote, de 47 años, por la presunta comisión del hecho punible de administración en provecho propio.
Como medida cautelar, los fiscales solicitaron la suspensión a la ejecución de la prisión preventiva del imputado, según informó la periodista de Última Hora, Liz Acosta.
“Al analizar los documentos agregados a la carpeta fiscal, se constata un aprovechamiento personal en beneficio propio de Adorno, quien como máxima autoridad del municipio realiza actos administrativos y también contratos particulares, que de otra manera y sin ejercicio de dicha función, no las podría realizar”, reza el documento presentado por el Ministerio Público, tras la ampliación de imputación.
Esta medida se da tras ser imputada el pasado mes de abril, por lesión de confianza tras la supuesta adquisición irregular de un vehículo de uso particular, que habría sido pagado con fondos de la Municipalidad.
La causa fue abierta tras la denuncia presentada por ocho concejales, sobre la adquisición irregular de vehículo por parte del jefe comunal por un valor total de G. 325.589.600, de la firma Nipón Automotores SA.
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El vehículo, una camioneta Mitsubishi modelo Tritón, fue adquirido mediante el Banco Nacional de Fomento, con una entrega inicial de G. 50.000.000 y, posteriormente, se debían ejecutar pagos por un monto mensual de G. 5.741.450. La cuenta fue abierta a nombre de la Municipalidad de Puerto Casado.
La denuncia fue realizada por los concejales Claudio Martínez, María Laura Díaz, Saturnino Ferreira, Emilce Díaz Galeano, María Ángela Domínguez Gaona, Virgilio Chamorro, Feliciano Cantero y Domingo Vera en contra del intendente, por la supuesta comisión de los hechos punibles de estafa y lesión de confianza
Ya el pasado mes de abril, el fiscal Luis Piñánez, decidió imputar a Hilario Adorno por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza.
El documento fue presentado el 6 de diciembre de 2022, mientras que a la par se hicieron pedidos de intervención del Municipio ante el Ministerio del Interior y se solicitó una auditoría a la Contraloría General de la República.
El 19 de diciembre de ese mismo año, la ex fiscala general del Estado dispuso la apertura de una causa penal a los efectos de investigar los hechos puestos a conocimiento del Ministerio Público.
