Los fiscales Silvio Corbeta Dinamarca, Alma Zayas Acevedo y María Verónica Valdez presentaron acusación contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por lesión de confianza y administración en provecho propio, este martes. También por asociación criminal, según informó la periodista Liz Acosta.
Asimismo, incluyeron a otras 10 personas del caso, que son Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal; Buena Ventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
Para los fiscales, desde la Intendencia de Ciudad del Este, Prieto “encabezó un grupo permanente de funcionarios organizados para la comisión y facilitación de delitos de corrupción pública” dentro del mismo Ejecutivo municipal, aprovechándose de su calidad de ordenador de gastos “así como de las demás atribuciones y poderes que se le conferían como principal administrador de la comuna”.
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Indicaron, en la acusación, que este grupo compuesto por varios funcionarios aparentemente ocupaba cargos de confianza designados por el mismo Prieto. Estaban en “puestos claves decisorios y directivos que le permitirían promover, convocar, manipular las adjudicaciones a su antojo y pagar las licitaciones a las empresas del entorno mismo”.
Para la Fiscalía, había una finalidad común que era la de “ocasionarle un perjuicio económico a la comuna”. Fue por el caso de compras públicas por la vía de urgencia impostergable, “especialmente en el año 2020, que terminarían afectando patrimonialmente a la institución”. Señalaron que los sospechosos invocaron “necesidades y emergencias que, si bien eran de orden social, no guardaban estricta relación con la finalidad constituida por la emergencia sanitaria declarada por la Pandemia del Covid-19, por ende, no estaban justificadas ni correctamente fundadas”.
Sospechan que no se trata de “simples errores administrativos, sino que estaban direccionados con el propósito de cumplir con el fin común propuesto, que fue lograr la disminución patrimonial de la entidad administrada por los mismos”.
