El fiscal general paraguayo Emiliano Rolón y la fiscala general de Colombia, Luz Adriana Camargo, se reunieron, vía telemática, para oficializar la activación del Equipo Conjunto de Investigación (ECI).
Hablaron de trabajar de manera coordinada y directa en el diseño de estrategias en las investigaciones abiertas y se comprometieron a identificar al cerebro del crimen.
En la reunión estuvieron presentes el equipo técnico fiscal de Colombia y el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán.
A partir de ahora, una mesa de trabajo empezará a establecer la hoja de ruta y el cronograma del proceso de negociación previo a firmar el acuerdo.
Ya están programadas reuniones con los fiscales que formarán parte del equipo conjunto de investigación, que también tendrá la participación del Cuerpo Técnico de Investigación (Policía Judicial colombiana) y el Departamento contra el Crimen Organizado (Policía Nacional paraguaya).
OBJETIVOS. Lo que se busca es “potenciar mecanismos de lucha efectiva contra la criminalidad organizada trasnacional”, dando especial énfasis en el crimen de Pecci, ocurrido en Colombia.
Destacaron también “la importancia y la necesidad acuciante de lograr mayores avances en el desarrollo de la fase investigativa vinculada con los instigadores (autores intelectuales) del magnicidio del fiscal paraguayo”.
ALARMÓ. El último comunicado de los hermanos del fiscal Marcelo Pecci, lamentando la falta de avances en la causa en Paraguay respecto a la autoría moral del asesinato, movió el avispero en ambos países.
A raíz de eso, el fiscal general paraguayo reiteró la falta de comunicación con su par en Colombia, lo cual apuró estas reuniones que fueron por meses solicitadas.
Desde hace casi un año se abrió una causa en nuestro país, porque se tiene el dato de que, si bien el asesinato de Pecci ocurrió en Colombia, la orden salió de Paraguay.
Están asignados en la causa los fiscales Christian Ortiz, Alejandro Cardozo y Francisco Cabrera, bajo la coordinación de la fiscala adjunta Matilde Moreno. Estos, a través del fiscal Manuel Doldán, habían solicitado que las autoridades colombianas provean informes de telefonías, de Migraciones, trazabilidad del dinero de los acusados y condenados, y poder acceder a datos de teléfonos (de Pecci y de Francisco Correa, el sicario).
