El pedido se realizó ante la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, según informó el Ministerio Público este miércoles. La causa responde a la supuesta producción de documentos no auténticos y alteración de datos relevantes para la prueba.
Sosa pretende incluir en el caso a las fiscalas Claudia Morys y Raquel Brítez, ya que las mismas fueron quienes formularon la imputación contra dos de los jóvenes supuestamente implicados.
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Una de las investigadas por la Fiscalía es la joven que denunció por supuesto acoso sexual al docente Cristian Kriskovich, quien también es miembro del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
La mujer se encuentra en Uruguay como refugiada, luego de que se haya ordenado su captura por no presentarse para su audiencia preliminar. Tras esta determinación, una auditoría recomendó remitir los antecedentes de la jueza Lici Sánchez al JEM.
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Por otro lado, el otro joven que está supuestamente implicado en el caso, Leonardo Chung, deberá afrontar juicio oral y público.
La compraventa de notas en la Universidad Católica saltó a la luz en 2014. Más de 40 alumnos fueron imputados por la supuesta producción de documentos no auténticos.
