La fiscala Liliana Galeano dijo que su labor se ajustó plenamente a los requerimientos procedimentales y que en ningún momento se salió de los parámetros legales.
Señaló que ante el robo en el depósito de evidencias del Ministerio Publico, solicitó a la Fiscalía Adjunta trasladar a un lugar más seguro las 29 cajas de papeles que fueron secuestradas de la oficina municipal.
Por su parte, el fiscal adjunto de Itapúa, Humberto Rosetti, resolvió remitir el caso a la Fiscalía General del Estado a fin de que pueda analizar y de ser necesario asignar una unidad especializada, teniendo en cuenta los hechos denunciados que podrían requerir el concurso de unidades especializadas atendiendo a la trascendencia y complejidad del caso como los parámetros institucionales.
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Galeano insistió en que el procedimiento fue realizado conforme a derecho, tras recibir la denuncia de parte de tres concejales en forma escrita, y en consecuencia se comunicó al Juzgado el inicio de la investigación dentro de las seis horas. Agregó que se solicitó el allananamiento y se resguardó el lugar “donde flagrantemente se estarían cometiendo los hechos”.
“En principio ese pedido fue rechazado por un criterio jurídico de la jueza, posteriormente apelamos la resolución y la Cámara de Apelaciones revocó la resolución del Juzgado de Garantías, y de esa manera se concedió el allanamiento que fue firmado por la misma jueza y nos constituimos en el lugar”, recalcó Liliana Galeano.
La agente fiscal de Encarnación agregó que ínterin el operativo, recibieron una ampliación de que en la Oficina 3 habría también documentos relacionados con el hecho investigado, por lo que pidió la ampliación al mandamiento y dada la hora que estaban constituidos, pidió también la ampliación a horario nocturno, teniendo en cuenta que se encontraban en desarrollo del procedimiento.
“En dicho mandamiento hemos sustraído facturas de combustible correspondientes a los años 2016, 2017, 2018 y 2019, que fueron llevadas del lugar en 29 cajas lacradas que serán abiertas en su momento con participación de las partes. Como también facturas legales, órdenes de trabajo relacionadas con utilización de transporte y todo tipo de vehículos de la Municipalidad de Encarnación, para movilidad, compra y uso de combustibles, lubricantes y otros documentos que guardan relación con la gestión municipal de Encarnación”, remarcó.
Sobre lo acontecido con su hija -quien fue acorralada por la gente que se manifestó en dicha ocasión-, la fiscala señaló que dicha acción fue una obstrucción a la investigación, puesto que su hija es funcionaria auxiliar de la Unidad 8 del Ministerio Público y fue convocada para sacar fotocopias que eran requeridas por la jueza Raquel García, quien estaba de turno en ese momento en la sala de Urgencias para expedir el mandamiento que habíamos solicitado.
“Hay varios hechos a ser investigados y consideramos que la investigación requerirá de un fiscal especializado, como producción de documentos no auténticos, obstrucción a la persecución penal entre otros, por lo que el fiscal adjunto de Itapúa remitió la causa a la Fiscalía General”, indicó.
Galeano aseguró que realizó su trabajo objetivamente y descartó que su accionar haya sido instrumentado políticamente, como se denunció desde la administración municipal.
Informe fiscal
El fiscal adjunto de Itapúa, Humberto Rosetti, solicitó el lunes 3 de agosto un informe de las diligencias en los allanamientos realizados por la fiscala Liliana Galeano en el marco de la investigación y luego remitió a la Fiscalía General del Estado la causa abierta sobre la supuesta comisión de hechos punibles en la Municipalidad de Encarnación.
En ese contexto, la fiscala Galeano informó que el procedimiento del 31 de julio se inició a las 17.40, constituyéndose en la segunda oficina de la Réplica de la Estación del Ferrocarril, a los efectos de diligenciar el mandamiento de allanamiento dictado por la jueza penal de Garantías, Claudia Scappini.
Una vez en el lugar, fueron recibidos por el mismo intendente Luis Yd, a quien se le hizo entrega de una copia de la orden de allanamiento, solicitándole la llave de la puerta de acceso a la Oficina 2, a lo que el intendente manifestó que no contaba con la llave, por lo que se procedió a abrir la puerta con apoyo de efectivos de la fuerza pública e ingresaron al lugar.
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Aclaró, además, en su informe que dicho allanamiento tenía por finalidad proceder a la búsqueda de documentos administrativos, orden de trabajo con sus respectivos números, documentos de carga de combustible, planillas, documentos recibidos de expedientes de facturas, órdenes de trabajo, tiques y otros.
Asimismo, en el informe se señala que para trasladar las documentaciones se tuvo que realizar un cordón policial con efectivos del Grupo de Operaciones Especiales, dado que un grupo de adherentes de la administración trataban de impedir el traslado.
Antecedentes del caso
El caso se inició con la denuncia presentada por parte de tres concejales de la ciudad de Encarnación, sobre la supuesta comisión de hechos punibles relacionados con la alteración de datos y producción de documentos, en el interior del Municipio, tras hechos irregulares.
Los ediles relataron que, días atrás, funcionarios estaban realizando manipulación de documentos fuera del horario de oficina y que incluso eran retirados del sitio, en caso de ser verificados por la Contraloría. Los documentos guardarían relación con actos administrativos, compras de combustible, entre otros, según la denuncia presentada y que habría ocurrido en las oficinas allanadas.
Tras la denuncia se dio apertura a una investigación e intervino la agente fiscal Liliana Galeano, quien llevó adelante las primeras diligencias como el allanamiento llevado a cabo el 31 de julio, que se cumplió en medio de mucha tensión y acusaciones de todo tipo.
