Pese a ello, la representante del Ministerio Público admitió que no cuenta con la certeza y evidencias suficientes para defender una eventual acusación en un juicio oral.
En comunicación con el programa radial La Lupa, por Radio Monumental 1080 AM, la fiscala Patricia Sánchez, designada para indagar el caso, afirmó, que el senador cartista había anunciado que aportaría los nombres de sus compañeros y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Sudamericana –donde alega el congresista que se formó académicamente– y que se acercarían a brindar testimonio ante el Ministerio Público; pero, finalmente, no lo hizo.
“Él (Rivas) dijo que aportaría nombres de compañeros y docentes, pero hasta ahora no dio ningún solo nombre. Claro que sí nos da nombres vamos a citarle para indagatoria ante la Fiscalía”, mencionó Sánchez.
Sobre el punto, la fiscala precisó que el senador Rivas compareció el pasado 19 de julio ante su unidad, momento en que declaró que aportaría la lista de nombres de docentes y compañeros que tuvo durante su supuesta etapa universitaria.
trabas en la pesquisa. Respecto a las diligencias realizadas durante la investigación del caso, la agente fiscal resaltó que fue “dificultoso obtener información”.
“Son varios, porque fue dificultoso obtener información y documentación con respecto al tiempo en que se habría cursado esa carrera de Derecho por parte del senador Rivas. Hay un historial académico entre el 2009 y el 2015, donde regían otras reglas administrativas en cuanto a la documentación de las universidades”, explicó.
Además, señalo que se logró obtener un listado del plantel de profesores y funcionarios de dicha universidad en ese periodo, pero del Ministerio de Trabajo, por lo que no está discriminado cuales eran docentes de la carrera de Derecho.
“De esos nombres (de la lista) no están discriminados quien fue profesor de Derecho, quien fue profesor de Medicina, quien fue profesor de Medicina. Hay que hacer todavía ese trabajo, porque la fuente de información no fue ni la universidad, ni el Ministerio de Educación, sino que el Ministerio de Trabajo”, remarcó la investigadora de la Fiscalía respecto a las dificultades que tuvo para identificar a los posibles docentes del legislador.
