Ambos cumplen una pena de 25 años de encierro.
Esto, según publica el medio Caracol Radio de esa nación, que señala que la defensa de los mismos había solicitado rebajas en las condenas a cambio de entregar información de cabos sueltos en el asesinato del fiscal antimafia, Marcelo Pecci, ocurrido en mayo del 2022.
Camargo resolvió no hacer lugar al recurso que había planteado la defensa de los hermanos Pérez Hoyos, que habían recurrido el rechazo de la petición de más beneficios judiciales, a cambio de dar la información sobre el caso.
Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos habían confesado que fueron los encargados de entregarle al hoy fallecido testigo Francisco Luis Correa, la suma de USD1.500 millones para que planeara y ejecutara el homicidio del fiscal Marcelo Pecci.
Tras la muerte a comienzos de este año de Correa Galeano, testigo principal del crimen, los hermanos Pérez Hoyos fueron trasladados a una guarnición militar y trataron de buscar un beneficio por colaboración, señala el medio colombiano.
MÁS BENEFICIOS. Según explica Caracol Radio, el 13 de marzo pasado, el fiscal del caso elevó una solicitud de aplicación de beneficios por colaboración a favor de los hermanos condenados Andrés y Ramón Pérez Hoyos.
El medio indica que el agente citó la Ley 600 del 2000 (antiguo sistema penal), porque supuestamente ellos se comprometían a entregar información de cabos sueltos y nombres de jefes de organizaciones criminales que habrían ordenado matar al fiscal Marcelo Pecci.
No obstante, el 12 de junio pasado, la fiscala general, Luz Adriana Camargo, rechazó el pedido por improcedente. Ante el rechazo, los defensores plantearon un recurso de reposición, lo que ahora fue rechazado.
Dice Caracol que la Fiscalía argumenta que los hermanos Pérez Hoyos confesaron y aceptaron su responsabilidad bajo la Ley 906/2004, actualmente vigente, y al haber aceptado se les aplicó un beneficio punitivo de una rebaja del 45% de la pena, lo que impide aplicar los beneficios por colaboración contemplados en el anterior sistema penal.
El medio añade: “En suma, los aspirantes recibieron una rebaja de la pena del 45% con ocasión de la aceptación de cargos, lo que impide aplicar los beneficios por colaboración de que trata la Ley 600 de 2000, en virtud de la prohibición establecida en el artículo 416 de este cuerpo normativo”.
Precisan que “las acciones dirigidas a que, en este caso, como en cualquier otro, se materialicen los derechos a la verdad y a la justicia, debe responder a un ejercicio legítimo en el recaudo de información y evidencias“, con lo que rechazan el pedido.
