El fiscal César Martínez, acompañado por efectivos de la Policía Nacional, procedió a despejar este jueves los accesos a las oficinas de la Municipalidad de Caazapá, donde se encadenaron Marisol Núñez, Mirna Fleitas, Rubén Darío Agüero y el edil Cándido Vera.
El fiscal manifestó que se libró un oficio a la Policía Nacional para que procedan al desalojo de los manifestantes que se encadenaron a las puertas de acceso al edificio, sede del gobierno municipal.
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Los efectivos policiales señalaron que los encadenados se retiraron pacíficamente del lugar. No obstante, señalaron que no acallarán sus voces de protesta contra el jefe comunal.
Este procedimiento se llevó a cabo para restablecer el orden de manera preventiva. Asimismo, el fiscal dispuso el resguardo del edificio municipal para evitar el ingreso de manifestantes al interior del recinto; además, para evitar la destrucción de las instalaciones, según el fiscal.
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La mayoría de los concejales permanecen dentro del edificio municipal uno por uno en cada oficina, a fin de controlar que ningún documento se extraiga del lugar, ya que en una sesión anterior decidieron rechazar la rendición de cuentas del intendente y temen una fuga de documentos que lo puedan comprometer.
El caso
Los ediles de la ciudad de Caazapá aprobaron el pasado 27 de abril un pedido de intervención a la administración del intendente colorado, Victoriano López, tras las denuncias de presuntas irregularidades.
Los concejales resolvieron realizar denuncias penales contra el jefe comunal, además de exigirle su renuncia al cargo.
El pedido de intervención de la Comuna de Caazapá se enmarca en diferentes sospechas, como malversación de fondos y mala utilización de los recursos municipales, falta de pago a los funcionarios hace más de cuatro meses y a proveedores de insumos en distintos rubros.
Además, se agregan puntos, como la falta de pago por el servicio de energía eléctrica, falta de pago a la Caja de Jubilaciones y Pensiones, falta de pago sobre los impuestos inmobiliarios del 15% a la Gobernación de Caazapá y el 15% al Ministerio de Hacienda por cuatro meses y, finalmente, una deuda de G. 200 millones a la Comisión del Festival del Ykua Bolaños.
