El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, cree que el ministro de Justicia del Brasil, Sergio Moro, confirmará el retiro del estatus de refugiados a los paraguayos Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, decidido por el Comité Nacional para los Refugiados (Conare) del vecino país, el pasado 14 de junio.
Los ex dirigentes del extinto Partido Patria Libre apelaron vía electrónica, por medio de una abogada, la resolución adoptada por esta institución de retirar la condición de refugiados a los tres connacionales requeridos por la Justicia paraguaya por el caso del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, ocurrido en el 2001. Lo hicieron a última hora del lunes, fecha en que vencía el plazo de 15 días que tenían para cumplir con esa acción.
Muy confiado, el fiscal Maldonado manifestó a ÚH que el ministro de Justicia brasileño, Sergio Moro, que debe resolver la apelación, lo hará de inmediato, “tardará el tiempo que lleva la redacción de la resolución por la que confirmará la revocatoria del Conare”.
Explicó que cumplido este paso, el caso pasará a la órbita de la Justicia y, específicamente, a la competencia del Supremo Tribunal Federal para que se inicie la extradición.
Dijo que desde el momento en que el ministro Moro confirme la revocatoria, Arrom y compañeros son capturables, y empieza a correr el trámite para la extradición, para lo cual la Cancillería Nacional ya había presentado el exhorto respectivo, el 14 de junio.
También indicó que el Ministerio de Justicia de Paraguay enviará un informe al ministro de Justicia de Brasil, y que no existe un plazo para que este se expida sobre la apelación, pero que por las circunstancias cree que será lo más rápidamente posible.
“Estamos expectantes de lo que resuelva el ministro de Justicia”, reiteró.
Arrom, Martí y Colmán habían obtenido el estatus de refugiados en el 2003, cuando estaban a punto de enfrentar juicio oral y público en Asunción, por el secuestro de la señora Debernardi. Para el Gobierno, son prófugos.
Por esa misma época, llevaron a Paraguay ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que elevó luego el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por supuesta retención ilegal y tortura de los que se dicen víctimas, en el 2002 por manos de agentes del Estado.
El pasado 4 de junio la Corte IDH absolvió a Paraguay de toda responsabilidad, por falta de pruebas y lo libró de pagar 123 millones de dólares reclamados por Arrom y Martí como indemnización por las supuestas torturas que dicen haber sufrido.
Este fallo contribuyó para que el Conare de Brasil les retire el estatus de refugiados, que en enero último había solicitado el gobierno de Mario Abdo Benítez.
Anteriormente lo habían hecho otras administraciones, en tres ocasiones, pero los pedidos habían sido rechazados por no verificarse hechos nuevos que respaldaran la necesidad de revisar la condición del refugio que gozaban. Abdo Benítez y el canciller Luis Castiglioni también tuvieron la oportunidad de plantear el tema directamente al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y al ministro Moro. Una vez que Arrom y Martí pisen suelo paraguayo, tendrán que afrontar el juicio por el caso María Edith Bordón de Debernardi.
