25 ago 2026

Fiscal admite que están superados por la guerra narco

27529419

Por encargo. Ola de atentados mortales en Canindeyú.

gentileza

El fiscal Cristian Royg, agente del Departamento de Canindeyú, admitió ayer que las instituciones públicas de seguridad “no dan abasto” contra la guerra narco que se desató en esa zona del país por el dominio territorial.

“Las instituciones no acompañan el crecimiento en materia de seguridad”, señaló durante una entrevista con Radio Monumental 1080 AM.

De esa manera, el agente fiscal dejó en claro que las instituciones del Estado, cuya responsabilidad fundamental es garantizar el orden y la seguridad en todo el territorio Nacional, no dan abasto ante los varios atentados y ataques violentos y mortales, por lo que se ven rebasadas por los casos de sicariato constantes con trasfondo de narcotráfico.

Sobre el punto, remarcó que los grupos criminales que operan en la zona incluso se encuentran mejores equipadas, con armamento de mayor capacidad que la Policía. “Acá vemos claramente un enfrentamiento entre grupos criminales bastante equipados, con armas de guerra. Hace cuestión de ocho años empezó todo esto con la aparición de otro grupo criminal que no era de la zona y fue recolectando a personas –campesinos, indígenas y citadinos–, y se volvió hoy en día un grupo criminal bastante (grande)”, señaló.

Al respecto, sostuvo que “esta zona es roja, está migrando toda la problemática fronteriza en cuanto al tráfico (de drogas y otros). Las instituciones no acompañan el crecimiento en materia de seguridad, no solamente acá. Hay un silencio aquí, todos están temerosos”.

En ese sentido, Royg resaltó que el temor es que gente inocente resulte víctima fatal del ajuste de cuentas entre narcos. “El temor está en que gente inocente termine muriendo por la guerra entre estas personas. Hay un silencio aquí, todos están temerosos”, señaló el agente fiscal.

Más contenido de esta sección
En el marco del juicio oral contra el ex senador colorado Hernán Rivas, acusado por presunto título falso, prestó declaración testimonial Andrea Estigarribia, ex jefa interina de la Dirección de Registro de Títulos de Grado del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), quien afirmó que existió una “orden superior” para acelerar la expedición de un título de abogado en un plazo inferior a un día, lo que impidió realizar un análisis exhaustivo de los antecedentes académicos. La ex funcionaria detalló que el pedido provino de las máximas autoridades del Ministerio de ese periodo.
El fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández recibió durante las manifestaciones a representantes de la Asociación de Asegurados y Jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS). En medio de los gritos y exigencias de que no quede impune la causa de los quirófanos fantasmas, él prometió que no se excluirá a nadie de la investigación.
El ex ministro de Educación y Ciencias Eduardo Petta se encuentra declarando hoy de manera telemática en el juicio oral contra el ex senador colorado Hernán Rivas, acusado por presunto título falso. Habló ante el Tribunal de Sentencia diciendo que no le conoce personalmente al legislador y que él autorizó en el 2020 investigar a la Universidad Sudamericana.
Audiencia. Pedirán hoy una reunión con el fiscal general para exigir una investigación profunda.
Investigación. Reiteran que los consejeros también tienen responsabilidad en las licitaciones.
Una grave disputa familiar por la adjudicación de tierras en el asentamiento Lomas Tuyutí, una comunidad rural del distrito de Eusebio Ayala, en el Departamento de Cordillera, mantiene en constante zozobra a Marta Beatriz Velázquez Villagra, una humilde vendedora de 53 años. La mujer denuncia amenazas continuas, invasión a su lote y una alarmante inacción por parte de las autoridades locales e institucionales, en especial del Indert y la Policía Nacional.
La Corte Suprema de Justicia confirmó que Roberto Damián Garcete Rodríguez (padre) y Roberto Alejandro Garcete Cano (hijo y presidente del Club Deportivo Resistencia) deberán ser juzgados por un Tribunal de Sentencia, dos años después que el caso fuera elevado a juicio por usura y lavado de dinero. Ambos habrían prestado G. 200 millones a una persona y, bajo engaños, le habrían hecho firmar la transferencia de su vivienda, valuada en más de G. 1.000 millones.