La Federación Internacional de Periodistas (FIP) lamentó que el Senado haya postergado el proyecto de ley “De Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos”, e instó a su aprobación.
“La Federación Internacional de Periodistas expresa su preocupación por esta dilación y remarca la evidente urgencia de que el Estado cuente con una herramienta legal que brinde protección fehaciente ante las constantes agresiones y amenazas que sufren las trabajadoras y los trabajadores de prensa en todo el país y que ponen en claro riesgo la libertad de expresión y de prensa, así como el derecho al trabajo digno y al acceso a la información”, expresa la FIP en su nota.
El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) reclamó que el oficialismo no le dé importancia al compromiso que hizo en instancias internacionales.
“El Estado paraguayo tiene la obligación de cumplir la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del asesinato del colega Santiago Leguizamón, adoptando medidas efectivas para proteger la vida de quienes ejercen el derecho a informar”, expresa el gremio.
Desde 1991, tras el atentado contra Leguizamón, totalizan 21 periodistas asesinados y más de 600 agresiones contra trabajadores de prensa registradas.
Las argumentaciones en contra del proyecto provienen principalmente del cartismo. Una de ellas señala que la ley pone al periodista en situación de privilegio; sin embargo, se desconoce el escenario de riesgo al que se exponen quienes realizan denuncias de corrupción o contra el crimen organizado, principalmente en zonas de frontera.
“Acá no hablamos de ningún privilegio, sino del riesgo que genera o la violencia que se genera contra un periodista por informar, lo que es una desigualdad injusta que debe ser atacada”, manifestó el secretario general del SPP, Santiago Ortiz.
Además, recientemente se dieron tres ataques contra periodistas en sus casas, con balaceras y amenazas, por parte de involucrados en la mafia de los pagarés.
El senador Basilio Núñez subrayó que las instituciones existentes son suficientes para hacerse cargo de la violencia, las amenazas y los atentados contra periodistas. Sin embargo, Ortiz afirmó que no existe protección adecuada actualmente. “Es insuficiente, no hay protección real al ejercicio del periodismo y libertad de expresión”, aseguró.
