La audiencia fue suspendida el pasado 16 de diciembre porque sus defensores alegaron que había una apelación pendiente de resolución.
Si bien la causa se inició en el 2016, el caso data del 2012, cuando en la institución se compró un equipo de rastreo, que tuvo un costo de más de G. 9.000 millones, lo que se señaló como una sobrefacturación.
El fiscal anticorrupción Luis Piñánez está al frente de las pesquisas por parte del Ministerio Público.