12 dic. 2024

Feminicidio: Instituciones siguen llegando muy tarde

Hasta hoy, veintiocho mujeres fueron víctimas de la violencia machista en el Paraguay. La pandemia ignorada, como lo denomina Naciones Unidas, no será resuelta con discursos efectistas o con soluciones que en realidad son un parche. Las instituciones deben avanzar en acciones concretas para comenzar, cumpliendo cada cual con su responsabilidad. Debemos como sociedad estar atentos, debemos lograr también una mejor respuesta del Estado y, sobre todo, encarar de una vez por todas una educación enfocada en la igualdad.

El día en que Osvaldo Zaracho atropelló repetidamente con un automóvil a su ex novia Katia Brítez, el país entero quedó horrorizado. La joven falleció en el hospital y el agresor se expone a una pena de 30 años de cárcel.

El caso de Katia Brítez fue un claro ejemplo de las dimensiones que puede alcanzar el fracaso de los mecanismos de protección del Estado. El agresor tenía arresto domiciliario por una causa de violencia familiar contra la misma joven y, de hecho, que en febrero ya había sido imputado por violencia familiar.

Osvaldo, además de violar su arresto domiciliario, se dedicaba a controlarla obsesivamente a través de las redes sociales. Actuó con un alto grado de crueldad, no fue movido por celos, sino que planificó todo con bastante alevosía. Este agresor se convirtió en feminicida por un convencimiento cultural de que existe un derecho de posesión respecto de las mujeres. La víctima hoy está muerta porque las instituciones del Estado no hicieron su trabajo.

De nada sirve que desde las campañas de prevención se trabaje en convencer a las mujeres de que denuncien los casos de agresión y de violencia, si cuando al final estas logran reunir el valor para denunciar a sus agresores, las mismas instituciones que les instaron a la denuncia las dejan solas y los agresores pueden actuar con total impunidad.

Tras la brutal muerte de Katia, algunas autoridades recordaron las tobilleras electrónicas que dispone de una ley vigente desde 2017, que establece el uso de dispositivos electrónicos: pulseras o tobilleras, pero que hasta hoy no han sido implementadas por falta de interés o de presupuesto.

Las nuevas autoridades han retomado el interés, al parecer, y aseguran que se está llegando a la recta final para la implementación de las tobilleras electrónicas. Es evidente que estos dispositivos no van a traer una mágica e inmediata solución, no obstante no caben dudas de que se podrán evitar muertes y ofrecer mejor protección a las víctimas. Expertos del Brasil recientemente de visita en nuestro país compartieron sus experiencias sobre el uso de las tobilleras y señalaron que tuvo resultados positivos, y que con el debido control hasta salvan vidas. En el Paraguay, se produce un feminicidio cada diez días. Entre los años 2019 y 2022, se registraron un total de 143 muertes violentas de mujeres por razones de género, lo que hace un promedio de 36 casos por año, según datos del Observatorio de la Mujer de Paraguay.

El 2022 cerró con 36 casos y en lo que va de este año ya suman un total de 28 muertes.

Otro dato a tener en cuenta es que el feminicidio en Paraguay es joven y altamente violento, suele ser perpetrado por algún conocido, el 94% de los agresores resultaron ser conocidos de las mujeres asesinadas, en su mayoría parejas o ex parejas, y la mayoría de las víctimas eran madres.

Como sociedad no podemos seguir negando la gravedad de esta problemática. La información y los datos disponibles coinciden en que las instituciones deben hacer mejores esfuerzos. Una encuesta del INE reveló que el 78,5 % de las mujeres mayores de 18 años sufrieron algún tipo de violencia, al menos, una vez a lo largo de su vida, y además, la violencia familiar fue el segundo hecho punible más denunciado ante el Ministerio Público, en el 2022.

Ante la emergencia urge un mayor esfuerzo del Estado y de la sociedad para apuntalar a la edificación de una sociedad libre de violencia donde ya no sea justificada, tolerada ni perpetrada en ninguna forma. Debemos asumir el desafío de construir una sociedad respetuosa con todos sus miembros, reconociendo para todos derechos, igualdades y dignidades. La cultura machista violenta solo se combate con valores democráticos.

Más contenido de esta sección
Un proyecto que buscaba modificar el Código Penal para evitar que los casos de corrupción prescriban en la Justicia fue rechazado por los diputados y enviado al archivo. Se buscaba endurecer las penas, ampliar el universo de tipos penales, extender plazos para la prescripción y endurecer criterios de medición de la pena para delitos de corrupción pública y privada, con énfasis en la corrupción cometida por funcionarios públicos. El rechazo de esta propuesta parece una verdadera declaración de intenciones.
Mientras el ex diputado colorado Juan Carlos Ozorio opera para obtener una medida sustitutiva a la prisión, la Cooperativa San Cristóbal, de la que fue presidente, siente las devastadoras consecuencias de haber sido una entidad a través de la cual, presuntamente, se puso en circulación el dinero proveniente del tráfico ilegal de drogas. Perdió la confianza y a miles de socios. Es un ejemplo de lo que les sucede a las instituciones cuando falta fiscalización. Si no mejoran los controles, este caso se volverá a repetir, con los mismos funestos resultados.
El hecho de que la mayoría oficialista del senado haya retrocedido en la barbaridad cometida cuando devolvió fueros a senadores previamente desaforados que están siendo investigados por la Fiscalía, puede verse como que enmendaron un error. Sin embargo, una acción que significó el atropello a la Constitución Nacional no debe quedar impune. Los 23 senadores que votaron por devolverle los fueros a Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola, deben ser investigados, pues en un estado de derecho nadie está por encima de la ley.
Hace unos días, fue intervenida una estancia en Fuerte Olimpo, Alto Paraguay, y en el lugar fueron detenidas diez personas de cuyo poder incautaron fusiles AR47 y una avioneta Cessna, además descubrieron una pista clandestina que habría pertenecido a la estructura liderada por el supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y al presunto líder de tráfico de drogas, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Resulta insostenible la falta de control del espacio aéreo nacional, ante la impasividad o complicidad de las autoridades.
Aproximadamente, unos 1.300.000 niños y adolescentes paraguayos retornaron a clases en los establecimientos educativos públicos hace unos días, y el escenario que hallaron muchos de ellos ha sido el de una infraestructura deficiente y precariedades. A pesar de que la Constitución Nacional consagra el derecho a la educación, frente a la realidad a la que asistimos, parecen apenas palabras vacías de significado debido a la ceguera de nuestros líderes políticos para anteponer los intereses de la mayoría y apostar por el presente y el futuro del país.
El acceso de los niños a alimentos adecuados y saludables es esencial para garantizar su bienestar físico, intelectual y social. Los programas de alimentación escolar han formado parte de la política educativa desde hace más de un siglo y permanecen en la actualidad, independientemente del nivel de desarrollo de los países y de los ingresos de los hogares. Pero en todos los países el programa se ha planteado de manera integral y tiene alto consenso social. Paraguay no puede ser una excepción. Los cambios planteados solo generaron conflictividad, a la vez de que no garantizarán mejoras sustanciales.