Las familias afectadas por el desalojo denunciaron que pagaron a un hombre identificado como Alberto Salvador Quintana Ruíz Díaz alrededor de G. 6 millones para acceder a un pedazo de tierra del terreno de ocho hectáreas.
De acuerdo a los ocupantes, la transacción se realizó a través de un contrato privado y con la firma de una Escribanía. Las personas se instalaron en unas cuatro hectáreas del inmueble ubicado en la localidad de J. Augusto Saldívar, según señalaron.
Al respecto, Quintana, el dirigente que intermedió para vender parte del predio, manifestó en NPY que tenía la autorización de cuatro herederos para hacer un proyecto de viviendas sociales en el lugar.
Sin embargo, un quinto dueño de una parte del predio, identificado como Rubén González, reclamó poco más de cuatro hectáreas y mostró la documentación pertinente. El mismo aseguró que los ocupantes podrán quedarse en la parte del inmueble que no le pertenece a él.
González explicó que los ocupantes ingresaron el 20 de marzo del 2019 al lugar y el 29 de marzo ya hizo la denuncia. Según su versión, la Fiscalía fue hace cuatro meses a notificarles sobre la orden de desalojo y también lo hizo el miércoles.
Las familias que se instalaron en el lugar, aparte de haber pagado una suma de dinero para estar en ese sitio, ya construyeron casas de material y techos de chapa.
La Fiscalía aclaró que la parte que reclamó el terreno presentó la documentación y no así los otros propietarios. Sin embargo, no descartó que haya otros hechos punibles como extorsión.
Finalmente, las familias afectadas aceptaron salir, pero pidieron tiempo para retirar sus pertenencias. Temen que tampoco se les deje ubicarse en la parte del predio que supuestamente pueden ocupar.
