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Familia de joven muerto por agrotóxicos exige reparación al Estado

Familiares de Rubén Portillo, un campesino fallecido en 2011 por el uso de agrotóxicos en la fumigación de cultivos, exigen al Gobierno la reparación ordenada en 2019 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, como informó este miércoles en un comunicado la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

La principal demanda de la familia del joven Rubén Portillo y la comunidad es la recuperación de las tierras del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) que hoy están siendo explotadas por empresas que cultivan soja.

Norma, hermana de Rubén Portillo, quien falleció a los 26 años, en la Colonia Yerutí de Curuguaty, en el Departamento de Canindeyú, manifestó que todo sigue igual y que los sojeros siempre fumigan, como tampoco ponen las barreras. Dijo que siempre hay gente que se enferma y que esperaba que nadie más se enferme, así nadie más sufre como su hermano.

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La muerte de Portillo se dio debido a que el Estado no actuó de forma diligente para prevenir el uso indiscriminado de agrotóxicos. Esto, sumado a una investigación negligente del caso por parte del Ministerio Público, derivó en una condena del Comité de Derechos Humanos de la ONU contra el Estado paraguayo, por haber violado el derecho a la vida, a la inviolabilidad de la vivienda y el acceso a la justicia eficiente, que investigue exhaustivamente y condene a los responsables del hecho, explicaron los abogados de las organizaciones que acompañan el caso.

El abogado Hugo Valiente, investigador de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), señaló que a más de un año de esa condena, el Estado no hizo nada para reparar el daño.

“Lo que estamos exigiendo en este momento al Estado es que se siente con las víctimas, porque acá ya hay una condena y le obliga al Estado a establecer una serie de medidas de reparación. El Estado tiene que ir a hacer cumplir la ley, no es nada extraordinario tampoco, es lo que la ley del Indert y las leyes ambientales le mandan al Estado que haga de manera ordinaria”, explicó.

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El principal reclamo de la familia y la comunidad es que se recuperen las tierras de la colonia, creada en 1991 por el entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), hoy Indert, informó la Codehupy, a través de un comunicado.

"Actualmente gran parte de la colonia está ilegalmente en manos de colonos que no cumplen con ninguno de los requisitos establecidos en el estatuto agrario, para ser beneficiarios de esas tierras, destinadas a que campesinos paraguayos y paraguayas trabajen la tierra", expresa parte del texto.

Para Valiente, la situación es preocupante y grave, ya que en esta época inician nuevamente las fumigaciones masivas y extensas que contaminan cauces hídricos, el suelo y a la gente que sigue viviendo en el lugar.

La Codehupy y Base Investigaciones Sociales, que representaron a la familia en instancias internacionales, señalaron que en tanto se avance con el acuerdo de reparación, el Estado debe brindar asistencia integral a las y los pobladores, además de comprometerse públicamente a avanzar con las medidas de reparación.

Paraguay es quinto productor mundial de soja, pero este modelo de agronegocio del país trae aparejado el uso de químicos con secuelas para la población y el medio ambiente ante el sostenido aumento de las zonas de cultivo.

Su extensión se expandió en 2019 por zonas deforestadas y no solo por las tierras campesinas o indígenas como ocurría hace años, según las conclusiones del informe "Con la Soja al Cuello", presentado por la organización independiente Base IS en diciembre pasado.

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